Léón, Guanajuato - Tras la extinción del decreto federal para regularizar vehículos de procedencia extranjera, la Unión de Campesinos y Migrantes Mexicanos pidió crear un padrón estatal para permitir su circulación.
Desde la UCEM, se hizo un llamado directo al Gobierno del Estado de Guanajuato para establecer acuerdos que eviten hostigamientos contra propietarios de automóviles conocidos como “chocolates”.
El líder nacional de la organización, Aarón Cabañas Marcial, explicó que existe un registro interno actualizado, como parte de acuerdos previos con la Fiscalía y la Guardia Nacional.
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Regularizar autos chocolate León: UCEM pide padrón estatal
“La UCEM lanza un llamado al Gobierno del Estado para que se llegue a un acuerdo, para que en Guanajuato puedan seguir circulando los vehículos previo registro”, señaló.
Denunció que ya se han documentado casos de extorsión por parte de policías estatales y municipales, con reportes en León y San Diego de la Unión.
“Hoy las Policías municipales, la Guardia Nacional y el SAT han estado hostigando no solamente en Guanajuato, sino en distintos estados de la República”, afirmó.
Incluso acusó que en cruces de Jalisco y Guanajuato, operativos se han convertido en presuntas casetas de robocontra migrantes que circulan con estos vehículos.
Cabañas Marcial aseguró que exigen hasta 10 mil pesos para evitar detenciones o decomisos, y estimó que en Guanajuato circulan 200 mil autos chocolates.
El decreto de regularización concluyó el 31 de diciembre de 2025, lo que obliga ahora a importar vehículos mediante agencias aduanales, con costos elevados.
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Actualmente, introducir un automóvil requiere pagos entre 30 y 50 mil pesos, mientras que con el decreto únicamente se cubrían 2 mil 500 pesos por legalización.
“Esa ya no es una política social, sino un trámite de importación común para quien puede pagarlo”, sostuvo el dirigente nacional de la UCEM.
Rechazó que exista la opción real de ingresar vehículos mediante pedimentos, como se difundió, y aseguró que dicha alternativa no es viable.
Anunció que en próximos días buscarán reuniones con autoridades estatales para integrar un registro formal que proteja a propietarios de amenazas y acoso.
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“Pedimos que se firme un convenio para abrir la legalización administrativa con la Secretaría de Economía”, expuso, al señalar que las aduanas elevan impuestos.
Finalmente, expresó inconformidad por el cierre del programa sin previo aviso y afirmó: “Debieron avisar con meses para agilizar trámites pendientes”.
