Irapuato, Guanajuato - El diputado local de Morena, Carlos Ramos Sotomayor, propuso un Punto de Acuerdo para exhortar a la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, a gestionar la nulidad de la Licitación Pública LPN-05/2025, relacionada con la renta de 66 patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, debido a presuntas irregularidades en el proceso.
El 9 de septiembre, el municipio de Irapuato anunció la renta de 66 unidades con una inversión superior a 170 millones de pesos, equivalente al 6.7 % del presupuesto anual aprobado para el municipio.
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De acuerdo con Ramos Sotomayor, una revisión del proceso de licitación revela conflictos de interés entre los participantes. El legislador señaló que la empresa ganadora, Transporte Empresarial del Bajío S. de R.L. (TEB), está vinculada familiarmente con otra de las compañías que participaron en el concurso.
Detalló que José Antonio Mata Villanueva, socio de TEB, es hermano de uno de los licitantes en el mismo procedimiento, lo que —según dijo— generaba una probabilidad del 66.6 % de que el contrato se adjudicara dentro de la misma familia.
El diputado aseguró que estos hechos demuestran una falta de observancia y transparencia en el proceso, ya que no se cumplieron todas las formalidades establecidas por el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Irapuato.
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Ramos Sotomayor también recordó que la propia alcaldesa Lorena Alfaro reconoció recientemente que el primer lote de patrullas arrendadas aún no está en operación, debido a que no se ha definido el plan de despliegue.
“El caso refleja una situación evidentemente desastrosa, donde una familia resulta beneficiada a costa de la seguridad de los irapuatenses, y además existen vicios y falta de transparencia en el proceso de contratación”, declaró el legislador.
Por ello, solicitó que el Ayuntamiento, a través de sus síndicos, promueva un Juicio de Lesividad para que se declare la nulidad de la licitación pública LPN-05/2025, fechada el 19 de agosto de 2025, cuyo fallo se emitió el 9 de septiembre del mismo año.
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El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y análisis.