A 11 días de cumplir un año al frente del cargo, el procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez, confirmó que hasta el corte de noviembre de este 2021, se ha registrado un incremento sustancial en el número de quejas de elementos de seguridad municipal.
En conferencia de prensa, detalló que una de las causas pudiera ser el fomento a la denuncia por parte de la ciudadanía ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
“Las instituciones municipales tienen que trabajar mucho más en sensibilizar a sus elementos para que no cometan excesos que estén generando quejas por violación de derechos humanos”, dijo.
Destacó que como institución, quienes integran la Prodheg están invirtiendo en capacitación y educación para reducir el número de violaciones en derechos humanos.
Esqueda Méndez aceptó que la acción de educar y capacitar en derechos humanos a quienes integran los cuerpos de seguridad municipal, no será una acción que se vea reflejado en el corto plazo.
“Tenemos que empezar desde ahorita para disminuir el número de quejas porque sí es preocupante”, dijo.
Por ello confió en que las autoridades municipales deberán ser conscientes de la importancia en capacitar a su personal, desde la dirección hasta personal operativo, para saber atender un evento en que puedan vulnerarse los derechos de las personas.
Asimismo, destacó que aunque una persona cometa un delito, deben salvaguardarse sus derechos humanos.
Ya requirieron a Lorena Alfaro cumplimiento de recomendaciones pendientes
En otro contexto, el ombudsman guanajuatense confirmó que la institución a su cargo ya solicitó a la administración de Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato, el cumplimiento de las dos recomendaciones emitidas a la administración de Ricardo Ortiz Gutiérrez.
En uno de los casos se trata de la disculpa pública para la jueza administrativa, Sandra Baeza, por la violación del derecho al trabajo, el trato digno y la no discriminación, abierta bajo el expediente de queja 40/20-B.
En otro caso, por la muerte de un menor de 12 años, quien perdió la vida a manos de un policía municipal, quien ingresó a un domicilio para detener a un individuo que había robado un tinaco.
En ese sentido, la Prodheg confirmó el envío de un oficio al Congreso del Estado de Guanajuato para que en su momento, requiera al entonces alcalde Ricardo Ortiz.
Con el cambio de administración, la institución protectora de los derechos humanos requirió a la nueva administración municipal, el cumplimiento de todas las recomendaciones, a fin de salvaguardar los derechos humanos de los familiares de la víctima.
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