León, Guanajuato - La extorsión en León derivó en resultados contundentes en dos investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato: una culminó con una sentencia condenatoria de 14 años y 8 meses de prisión, dictada mediante procedimiento abreviado, mientras que un segundo caso terminó con la detención y posterior vinculación a proceso de dos personas señaladas como probables responsables de exigir dinero bajo amenazas.
En el primer caso, la investigación inició luego de que un comerciante, propietario de diversos establecimientos de comida, bodegas y naves industriales, denunciara que comenzó a recibir llamadas y mensajes en los que los responsables exigían un cuantioso pago, acompañando la exigencia con amenazas de privarlo de la vida a él y a sus empleados, así como de incendiar sus instalaciones.
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Extorsión en León: Javier Eduardo y Christian a la cárcel
Ante la denuncia, la Fiscalía Regional “A” realizó diversas indagatorias en campo y gabinete. Tras obtener información relevante, desplegó un operativo táctico que dio como resultado la detención de Javier Eduardo y Christian Eduardo.
Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. En audiencia, se calificó como legal su detención y fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión agravada. Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva, por lo que enfrentarán su proceso en prisión.
En un segundo caso, la Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria contra José de Jesús, luego de que la víctima comenzara a recibir llamadas y mensajes de extorsión a partir de enero de 2026, después de solicitar la desocupación de un inmueble.
Durante el desarrollo de los hechos, la víctima también entregó dinero en efectivo al ahora sentenciado, tras ostentarse como perteneciente a un grupo delictivo.
La investigación permitió llevar el caso ante la autoridad judicial y, mediante un procedimiento abreviado, se dictó sentencia de 14 años y 8 meses de prisión en contra del responsable, además del pago de una multa, la suspensión de sus derechos electorales durante el tiempo de la pena y el pago por concepto de reparación del daño.
Este resultado adquiere especial relevancia al haberse obtenido bajo la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que proporciona herramientas jurídicas para una respuesta más efectiva frente al delito de extorsión.
