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Avanza 3 de 3, para que deudores alimentarios o agresores no sean candidatos en elecciones

Que no cuenten con antecedentes y denuncias en su contra por haber ejercido violencia familiar, política o en cualquier razón de género
Avanza 3 de 3, para que deudores alimentarios o agresores no sean candidatos en elecciones

Representantes de los partidos políticos en Guanajuato coincidieron que aquellos que aspiren a un cargo público no deberán tener denuncias o condenas vigentes por violencia de género, familiar, sexual o ser deudor alimentario como una obligación en Ley, y no como un tema de voluntad.

Durante la mesa de trabajo en la que se analizó la iniciativa presentada por la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, en voz de la bancada feminista, participaron representantes del PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Morena.

En las diversas intervenciones, los representantes de los partidos políticos en la entidad coincidieron que pese a que en el último proceso electoral se consideró el no tener antecedentes de violencia en razón de género y se cumplió; en algunos casos, sí es necesario que quede como un requisito obligatorio, incluso, constitucional.

La propuesta legal contempla incluir en los requisitos para ser candidato que acrediten no estar registrados como deudores alimentario, que no cuenten con antecedentes y denuncias en su contra por haber ejercido violencia familiar, política o en cualquier razón de género. Quedaría de ser aprobada con rango constitucional.

En su oportunidad el representante del PRI, Ángel Araujo, propuso quede asentado la temporalidad de la sanción, como un tema de “justicia restaurativa”  y con ello no violentar algún otro derecho humano del sujeto.

La legisladora del PRI, Yulma Rocha, reiteró que el  año pasado la bancada feminista presentaron la iniciativa que los agresores de mujeres, sexuales y deudores alimentarios no tuvieran la posibilidad de acceder a cargos de elección popular, estableciendo a nivel constitucional que quienes estén condenados mediante sentencia ejecutoriada, por delitos de violencia política en razón de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, o que estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios del Estado o de otra entidad federativa.

Incluso, ya se propuso que la Ley Electoral  establezca el deber de los partidos políticos de sustituir candidaturas en caso de que sus candidatos se encontraran en alguno de los supuestos señalados en la 3 de 3 así como las consecuencias en caso de no hacerlo, que sería la pérdida de candidatura.

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