UNICEF urgió a México a tipificar el reclutamiento infantil por el crimen organizado como delito, advirtiendo que la falta de un marco legal específico vulnera los derechos de miles de menores.
Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, destacó que esta omisión normaliza una actividad criminal que debe ser reconocida como una violación de derechos, no como parte de la cultura.
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Un estudio de la UNAM estima que entre 35 mil y 460 mil menores han sido utilizados por grupos criminales en diversas funciones, desde tareas domésticas hasta actos violentos.
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UNICEF enfatiza que la responsabilidad penal debe recaer en los adultos reclutadores y llama a implementar políticas públicas preventivas y de atención a víctimas.
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La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señala siete estados con mayor riesgo de reclutamiento: Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. A pesar de avances locales, como en Hidalgo, UNICEF insiste en una legislación federal uniforme.
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