El presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, llamó al gobierno estatal a no minimizar la propuesta que hizo Morena en el Senado
León, Guanajuato. Tras asegurar que existe viabilidad legal para desaparecer los poderes en Guanajuato, el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, llamó al gobierno estatal a no minimizar la propuesta que hizo la fracción de Morena en el Senado de la República.
Creo que nada debe tomarse a la ligera (…) yo nunca he visto en la historia de México que un gobierno federal ande jugando a las vencidas con los estados. El gobierno federal cuando toma decisiones las toma, y no veo que sean de mentiritas”, aseguró.
El abogado leonés consideró jurídicamente viable la iniciativa ya que todo lo que contempla la Constitución es viable, siempre y cuando sea planteada con una buena exposición de motivos y adaptado acorde a la Constitución.
Si bien, dijo desconocer a detalle el posicionamiento, lo más saludable para el bien del país es entablar una plática con el mandatario estatal para que corrija e implemente una estrategia distinta en todas las demás áreas por las que se supone están imputando el motivo por el cual desean desaparecer los poderes, que no es otra cosa sino la violencia desbordada en la entidad.
El cabildeo y una buena plática con el presidente de la República, con los presidentes del Senado o con los senadores de Guanajuato, que esperemos haya buena relación con los senadores, puedan encontrar un común denominador”, detalló.
Marcelino Trejo, calificó de lamentable que esta medida prosperara, porque si bien en un proceso electoral ciudadano se votó a favor que gobernara Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
“Valdría la pena que mejor se sentarán (los legisladores de Morena) con el gobernador y le dijeran en qué parte es el motivo del desacuerdo y por qué la iniciativa y de esta forma ver cómo él pudiera hacer un planteamiento para que no ocurriera esta situación”, añadió.
Por último, expresó que ninguna iniciativa o posicionamiento del Senado de la República, ni del Congreso de la Unión, mucho menos del presidente de la República, debe tomarse a la ligera, por el contrario, el gobierno estatal debe analizarlo y determinar si valdría la pena atenderlo.
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