La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) acreditó la violación de los derechos laborales de los cinco trabajadores que murieron en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).
El pasado 29 de octubre, la Prodheg emitió las recomendaciones respectivas dirigidas al presidente del Consejo Directivo de SAPAL, Jorge Hernández Ramírez; y a la encargada de despacho de la Contraloría Municipal, Viridiana Margarita Márquez Moreno. Estos tienen cinco días hábiles para responder la aceptación de dicha recomendación y 15 para acreditar su cumplimiento.
De acuerdo a la resolución de la recomendación número 24/21-A-II, interpuesta por las esposas de dos de los cinco trabajadores, se violentaron los derechos laborales y condiciones seguras en las que debían trabajar.
“Está probado que la autoridad incumplió su deber de garantizar condiciones para un trabajo digno al no acreditar el cumplimiento de las disposiciones para su ingreso (competencia), no brindar capacitación, no otorgar el equipamiento personal de protección, y no acreditar el cumplimiento del “PROGRAMA ESPECÍFICO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO Y REGISTRO DE EJECUCIÓN”, violentando con ello los derechos humanos laborales de las personas fallecidas”.
Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2020, cuando cubrían su turno en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento de aguas residuales de SAPAL, donde se habría generado una fuga de ácido sulfhídrico, lo que provocó su muerte.
Los trabajadores que perdieron la vida son Juan Antonio Méndez Rivera, José Salvador Afanador Martínez, Víctor Ricardo Briseño Rangel, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera.
Las quejosas, esposas de dos de los cinco trabajadores, denunciaron “la falta de condiciones dignas en el entorno laboral, a lo que se sumó la falta de apoyo a familiares.
“Inconformándose por la falta de condiciones dignas en el entorno laboral de sus parejas finadas; así como la falta de apoyos en su calidad de viudas y madre de una menor en el segundo de los casos”.
La Procuraduría acreditó que el SAPAL no preparó ni ofreció “capacitación previa” para el desarrollo que desempeñarían; así como que tampoco se garantizaron “las condiciones adecuadas en el trabajo”, ni proporcionarles el equipo necesario para ello. Todo esto establecido en el contrato colectivo de trabajo.
Se reveló además la falta de un “programa específico de mantenimiento de las instalaciones, lo que refleja una clara falta de supervisión”.
En el documento público la Prodheg resolvió que “como responsable, SAPAL León realice las acciones necesarias para lograr la reparación integral del daño de (esposa de XXXXX), así como de XXXXX y su hija (concubina e hija de XXXXX).
El organismo deberá hacer efectivo el seguro de vida de los trabajadores, colaborar con las autoridades laborales y judiciales para lo que proceda en cuanto a las indemnizaciones como forma de reparación de daño.
“Se recomienda a la autoridad responsable SAPAL León, implementar las medidas necesarias para evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos laborales, como los señalados y acreditados en esta resolución.
A la Contraloría Municipal se le recomienda iniciar un “procedimiento administrativo y dar celeridad al mismo en contra del licenciado Juan Jesús Estrada González, director de Asesorías e Investigaciones y de cualquier otra persona que resulte responsable; por las omisiones en la investigación y dilación en el procedimiento administrativo”.
Ya atendemos recomendaciones, responde SAPAL
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León dio a conocer que ha apoyado a las familias de los colaboradores fallecidos en el accidente ocurrido hace casi un año, y reiteró su total apertura para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
Aseguró a través de un comunicado que hasta la fecha el seguro de vida, correspondiente a 48 meses de sueldo y cuyas primas fueron pagadas por SAPAL, ya fueron entregadas a las familias.
Y señala que desde que SAPAL tomó la operación de la Planta de Tratamiento y el Módulo de Desbaste, se establecieron controles de acceso y se dieron instrucciones para que ningún elemento pueda ingresar sin portar el equipo de protección correspondiente.*a / MEJZ*