León, Guanajuato - Pese a la obligatoriedad de los sujetos y/o funcionarios en la estructura del gobierno federal a transparentar la información pública y difundirla de manera periódica, simplemente no les importa, al menos en los últimos 24 meses no han actualizado la información.
La apuesta pública es tener cada vez menos datos (abiertos)”, explica el estudio “Sin otros datos. El legado de la política de transparencia de AMLO y la desaparición de información pública”, elaborador por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El documento señala que el 71% de las bases de datos públicos del gobierno federal, están desactualizadas desde hace dos años.
Actualmente la información que se publica carece de este elemento de verificabilidad”, explicó Adrián Alcalá Méndez, como una de las características de la información que si se publica actualmente.
Otra parte del estudio asegura que el alto número de recursos de revisión a solicitudes de información es consecuencia de que alguna dependencia federal no quiera hacerla pública.
“De los recursos que actualmente se encuentran en trámite, el 65% es en materia de acceso a la información, y el restante de datos personales”, dijo Adrián Alcalá Méndez.El estudio documentó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ciudadanos están más interesados en conocer información gubernamental al grado que se multiplicó por 15 el número de solicitudes con respecto al 2003.Mientras ese año se registraron 24 mil 108 solicitudes ciudadanas, para el 2022 se presentaron 363 mil 062 solicitudes. A la par también aumentaron los recursos de revisión ante la negativa para dar respuesta a los cuestionamientos ciudadanos, o simple información.Datos complementarios del INAI aseguran que las dependencias federales con mayor número de reclamos por no transparentar información son la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Secretaría de la Función Pública, en cuestión de trámites, información que tendría que estar a la vista del usuario.Por condiciones laborales quien más recursos de revisión genera es la Fiscalía General de la República.En cuanto a transparentar su estructura interna, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es quien más recursos acumula, los sujetos obligados en todos los niveles de gobierno deben difundir la información de su estructura de colaboradores y salarios, a la vista de los ciudadanos en sus portales.Por la negativa de transparentar datos personales, el IMSS encabeza este conteo, le sigue Pemex e ISSSTE.Ambas instituciones, coinciden con los resultados del informe de gobierno abierto de World Justice Project, que enlistó a México en el nivel 44 de gobierno abierto de 140 países que participan en ese análisis.MEJZ*
