León, Guanajuato - La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) estaría por resolver las medidas de reparación de daños a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, por haberse violentado sus derechos, según la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
Esto luego de que la Prodheg, resolviera a favor de la exalcaldesa en el expediente 26/20-A que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato violentó los derechos humanos de Bárbara Botello.
Determinó que efectivamente fueron vulnerados mis derechos humanos, fueron violadas mis garantías de seguridad jurídica y fui víctima de los abusos de la fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa, derivada de dicha recomendación, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas me inscribieron en el Registro Estatal de Víctimas”, destacó en rueda de prensa.
Bárbara Botello Santibáñez / Expresidenta municipal
El hecho por el que se realizó la resolución fue por la detención de la exalcaldesa el 30 de mayo de 2019, la cual dijo que se hizo con lujo de violencia, exceso de fuerza y violando sus garantías de seguridad jurídica.
Ante la falta de elementos, al siguiente día fui liberada, sin embargo, el daño ya estaba hecho, me privaron de la libertad arbitrariamente, me torturaron física y psicológicamente, me dañaron en mi honor y en mi patrimonio y siguieron acosándome con ejercicios de la acción penal sin ningún fundamento”, explicó Botello.
Bárbara Botello acumuló 58 demandas que al final ganó
Desde su salida de la alcaldía (2012-2015) Botello Santibáñez acumuló 58 demandas realizadas a su persona.
“Perversamente, de cada una de sus acusaciones me defendí en los juzgados y en todas ha quedado de manifiesto mi inocencia, no hay una sola denuncia o querella que les haya fructificado a los panistas y todo ha sido un show mediático para vengarse de la derrota política que les propine en el 2012”, insistió.
"Una disculpa del fiscal, pues eso tendría que ser", Botello
Sobre las reparaciones del daño, la también exdiputada federal no descartó querer una disculpa pública por parte del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.
“Yo lo que esperaría es que el Consejo Consultivo de la CEAIV, integrado por 8 representantes de organizaciones, legalmente constituidas y académicos, sean los que definan de acuerdo a mi carácter de víctima y a la ley, qué tipo de compensaciones tendrían que darse, una disculpa del fiscal, pues eso tendría que ser”.
“Ha sido una lucha muy muy intensa, hay dos juicios todavía precisamente por este tema de abuso de autoridad y violación a la suspensión (de un amparo), pero ya está decretado que hubo una violación a mis derechos humanos, a mis garantías jurídicas (…) eso es un precedente”, finalizó.