León, Guanajuato - En tres de las 10 demandas de amparo que se resolvieron a favor de los usuarios del SIT en León, los jueces federales resolvieron conceder el amparo, pero pidieron que se depositara una garantía correspondiente al pasaje por seis meses.
Juan Pablo Delgado Miranda, asesor jurídico de Urbe León, informó que más de 500 personas se sumaron a los 10 amparos masivos interpuestos en contra del incremento de la tarifa del transporte público en León, que se implementó al inicio del año 2025.
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Los primeros días de enero, la asociación Urbe León se instaló en la colonia Andrade para recaudar firmas y demandar amparo colectivo para evitar nuevos incrementos en la tarifa del pasaje, o en su caso, que el Municipio subsidiara completamente el aumento.
Las demandas se dividieron en diferentes líneas de trabajo: usuarios generales, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores del sector cuero-calzado y estudiantes.
Es diferente el contexto de cada uno de los usuarios. Por ejemplo, se encontró que las mujeres utilizan el transporte para ir a la escuela, al trabajo, por la despensa, a hospitales, entre otros. Mientras que otros usuarios solo van de la casa al trabajo o de casa a la escuela".
Juan Pablo Delgado Miranda / Asesor jurídico de Urbe León
En cuanto a los adultos mayores y personas con discapacidad, se pidió que se analizara la accesibilidad que tienen, además de sus condiciones sociales y económicas.
"De las seis que ya se resolvieron con suspensión definitiva, tres conceden la suspensión. Son expedientes radicados en el juzgado cuarto de distrito; sin embargo, en esos casos se fija una garantía. A una persona que es usuaria y paga tarifa general, se le pide que adelante el aumento del viaje redondo diario que realiza, pero por seis meses", explicó.
Delgado Miranda precisó que, aunque la suspensión sí se concedió, es decir, que las personas que se ampararon no están sujetas a la nueva tarifa del transporte público por el momento, hasta que se resuelva el caso de manera definitiva, se les pide una garantía de pago.
Ilógico pedir seis meses de pago en garantía
Además, indicó que ya se interpusieron recursos de revisión, pues resulta ilógico que una persona que se ampara en contra del aumento pueda tener el dinero necesario para depositar por adelantado seis meses del incremento tarifario.
Respecto a las tres demandas que se resolvieron sin conceder el amparo a los usuarios, mencionó que el juez determinó que la credencial de elector no justificaba que las personas vivieran en León, lo cual también ya se solicitó revisar.
Aún quedan otras cuatro demandas de amparo que siguen en audiencia, pero en todas ellas falta que los juzgados federales determinen la resolución final, juicios que podrían alargarse hasta seis meses.
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Juan Pablo Delgado Miranda aseguró que el principal objetivo que se busca con las demandas de amparo es cambiar la visión de que el transporte público es una empresa, ya que debe considerarse un derecho humano a la movilidad que debe garantizarse.
"En algún momento se perdió el concepto de que es un servicio público, no una empresa. Es un derecho humano la movilidad; tenemos que hacer conciencia y trabajar a favor de garantizar este derecho", concluyó.
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