Legislar para castigar el delito de extorsión y asegurar la pensión alimenticia, son dos de los avances promovidos e impulsados por la diputada local, Laura Cristina Márquez Alcalá.
La panista quien repetirá como diputada local en la próxima legislatura, aseguró que la reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para aplicar penas más severas al delito de extorsión protege la integridad de las y los guanajuatenses.
“Este delito no afecta sólo al tema económico, sino que ya hay un trasfondo de violencia, daño psicológico, emocional, se trastoca la seguridad, llega a haber agresiones físicas, por eso se hace más necesario esta modificación a la ley”, comentó.
Por ello se crecieron las penas por el nivel de agravantes, ya sea que en el acto participen dos o más personas, haya armas de fuego de por medio, se atente contra personas con discapacidad o menores de edad, las penas se agravan.
Este avance a la ley también cuenta con herramientas sólidas para hacer una adecuada investigación para llevar a un buen juicio que termine en la sanción de un responsable.
Cristina Márquez detalló que esta modificación a la ley busca genera confianza en las leyes y la aplicación de las mismas, toda vez que la realidad que se vive actualmente, obliga a reformar leyes y penas para castigar a los responsables de estos actos que afectan a la persona.
Continuidad en los cargos
Para Márquez Alcalá será prudente y necesario que los diputados locales que repitan en el cargo para la próxima legislatura, puedan estar al frente de las comisiones que atienden actualmente.
Ya que su expertis en el cargo, ayudará a dar seguimiento y avanzar en reformas sustanciales que beneficien a la sociedad guanajuatense.
Asegurar el bienestar social con pensión alimenticia
La legisladora panista confirmó que otra ley que vino a respaldar a las mujeres guanajuatenses fue la reforma al Código Civil del estado que ya permite que la pensión alimenticia tenga carácter retroactivo.
Principalmente en estos momentos donde la pandemia del coronavirus dejó a la deriva a mujeres jefas de familia, quienes fueron separadas de sus puestos laborales, al verse obligadas a cuidar a sus hijos, primero, tras el cierre de estancias infantiles y posteriormente con la crisis de salud provocada por la COVID-19.
“Es apoyar principal y mayoritariamente a las mujeres que nos encontramos en la mayoría de los casos, afectadas por el abandono, el divorcio; ahora con la pandemia fuimos las primeras en ser despedidas y a las primeras que les bajaron el sueldo”, dijo.
De esta manera la ley obliga a que toda aquella persona que obtenga la declaración del reconocimiento de paternidad o maternidad, podrá pedir alimentos retroactivos desde el momento de la concepción.
“Esta ley va además a adultos mayores, estableciendo la reforma en la que los adultos mayores gozan de la presunción de necesitar alimentos –casa, comida, sustento, asistencia médica, acompañamiento- en esta reciprocidad que les debemos; puede pedirse en cualquier momento el pago de esta pensión”, indicó.
Urge continuidad a la Ley Burocrática del Estado
Cristina Márquez dijo que uno de los pendientes para la próxima legislatura, será aterrizar la reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
La legisladora blanquiazul dijo que hoy más que nunca es necesario hacer uso de la tecnología para ponerla a disposición de los ciudadanos en la atención de trámites más ágiles.
Lo que se busca es regular el teletrabajo y estar preparados para nuevos escenarios que obliguen al uso tecnológico en temas laborales.
“Esta propuesta abre la puerta para que muchas mujeres y madres de familia tengan la posibilidad de acceder a un trabajo en la iniciativa privada o en el servicio público”, precisó.
Para este tema la participación del Observatorio Ciudadano legislativo cobrará un papel muy importante, toda vez que deberán observar el trabajo de los diputados locales que sean beneficiados de esta condición laboral.
MEJZ*