La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Gutiérrez, figura en la lista de 22 servidoras y servidores públicos a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió abstenerse para promover su persona en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Por votación unánime de las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del consejero Jaime Rivera, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó a 22 servidoras y servidores públicos que se abstengan de promoverse en actividades de entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria y su respectiva difusión o publicidad.
Lo anterior, derivado que ante una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, refirieron que sus publicaciones contienen elementos de promoción personalizada; es decir, refieren su nombre y cargo, aparece su imagen y los mensajes publicados, en general, son realizados en primera persona.
Cabe mencionar que Gutiérrez Campos es la única legisladora de la entidad que fue observada, pese a que el grueso de los diputados locales, recibieron recursos para la entrega de despensas, gel antibacterial y cubrebocas, como medidas de protección y apoyo en época del COVID-19.
El recuento
Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, diversos órganos del INE certificaron y documentaron publicaciones, notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales de servidoras y servidores públicos promocionando su participación en la entrega de bienes o productos a la ciudadanía en el marco de la pandemia.
Luego de las investigaciones preliminares, la autoridad electoral determinó iniciar, de oficio, Procedimientos Especiales Sancionadores, debido a que tienen que ver con el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.
De un análisis preliminar se consideró que estos hechos podrían constituir también una violación a los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir las funcionarias y funcionarios públicos, por lo que se determinó que, en un plazo no mayor a 24 horas, realicen las acciones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones tanto en redes sociales como en páginas de internet.
Del total de servidoras y servidores públicos considerados, la comisión resolvió improcedente otorgar medida cautelar en 41 casos, ya que, bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar, las ligas con el material denunciado ya fueron dadas de baja, por lo que se está ante hechos consumados.
MEJZ*