Familiares de desaparecidos expusieron los laberintos gubernamentales y forenses a los que se enfrentan para conocer la identidad de las personas localizadas en fosas clandestinas de la entidad, lo que podría desencadenar una saturación de los Semefos.
Los activistas, familiares de personas desaparecidas y periodistas de Guanajuato, alertaron sobre la inminente crisis forense que podría derivarse ante la incapacidad de la FGE para el procesamiento del ADN de los cuerpos y restos humanos localizados en los últimos días.
El activista en tema de desaparición de personas, Fabrizio Lorusso, mencionó que de acuerdo a datos obtenidos a través de Acceso a la Información, en la entidad se tiene capacidad para 250 cuerpos en los Servicios Médicos Forenses.
“Ya hay colectivos que hablan de una crisis forense inminente para la identificación forense (…) Implica ver algunas escenas trágicas como hemos visto en Jalisco, con reportajes de los tráileres de la muerte, estos tráileres refrigerados que deambulan con cuerpos, con historias de vida adentro, y familias que los andan buscando, pero desde el dolor eso es desgarrador, pero eso nace porque llegamos a una crisis” .
Con el hallazgo de las fosas de Salvatierra, en donde se han localizado restos de al menos 66 personas, las autoridades convocaron a familiares de personas desaparecidas para obtener pruebas de ADN, sin embargo, solo se contaba con la capacidad de 100 pruebas cuando al lugar llegaron 250 personas.
El hallazgo de cuerpos y el dolor de las familias
A la lentitud del procesamiento de ADN y la incapacidad forense descrita, se suma la desinformación de las autoridades hacia las familias de personas desaparecidas.
Laura Curiel, madre de una joven desaparecida, señaló la indolencia y desinformación que impera en la Fiscalía General del Estado, que desde que comenzó el hallazgo de fosas clandestinas ha bloqueado información.
“Aún no tenemos información, los colectivos batallamos mucho para que nos brinden información, para que nos dejen entrar a esos espacios. En lo particular yo le he escrito mucho a su teléfono personal a la subprocuradora, y la realidad es que no hay ningún tipo de interacción con las autoridades, nosotros como familiares a quienes recurrimos es a la Comisión nacional, que es la que nos apoya”.
Esta madre hizo hincapié en el dolor que representa buscar entre cadáveres a sus seres queridos, agregó que de no existir los colectivos de familiares de personas desaparecidas las autoridades no hubieran localizado las fosas clandestinas, por lo que exigió al gobierno guanajuatenses aplicar la ley y dignificar el trato a las familias de los colectivos.
“Nuestro dolor como madre al igual que mis compañeras fue algo muy fuerte, el hecho de encontrar esos restos y entender que en Salvatierra existe una problemática muy grande y que desconocíamos esa situación. Hay un poquito de certeza de que algunas familias podrán descansar porque tendrán a su familiar desaparecido, para nosotros ha sido muy difícil coadyuvar con la Fiscalía, sí nos ha puesto muchas trabas, nosotros queremos saber porque queremos que regresen a casa, queremos que nuestra voz sea escuchada y por parte del fiscal Carlos Zamarripa se ha negado la información”, declaró Laura Curiel.
De acuerdo con la información compartida en el webinar en el que participaron familiares, colectivos de personas desaparecidas, periodistas y activistas, se compartieron cifras de acuerdo a los reportes hemerográficos y datos oficiales, como la localización en la última década de 109 fosas clandestinas y un aproximado de 288 cuerpos exhumados.
Como parte de las cifras conocidas en los últimos días, están los 66 cuerpos recuperados en las fosas de Salvatierra, con datos extraoficiales en donde se hablan de 45 personas localizadas en Cañada de Caracheo en el municipio de Cortazar, 15 personas en el Cerro del Conejo de Irapuato, dos personas en Uriangato y 1 persona en Villagrán.
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