Han pasado cuatro meses sin que el gobierno municipal de Irapuato cumpla con la disculpa pública para la familia del niño de 12 años que fue asesinado por un elemento de la policía local.
Se trata de uno de los ocho puntos que conforman la resolución de recomendación emitida el pasado 10 de agosto en relación con este caso en el que también resultó lesionado un adolescente de 17 años.De acuerdo con Vicente Esqueda Méndez, procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la administración encabezada por Lorena Alfaro García ya fue requerida para cumplir con la recomendación heredada por Ricardo Ortiz Gutiérrez, exalcalde.“Ya hubo un requerimiento por parte de la procuraduría a esta nueva administración para que dé cumplimiento con los puntos de la resolución que quedaron pendientes y está corriendo el término para que aporten las pruebas del cumplimiento”, comentó.El contextoFue el 31 de mayo de 2021 cuando Christian Giovanni, de 12 años, murió al ser baleado por un elemento de la Policía Municipal quien participaba en un operativo para recuperar un tinaco robado.Según trascendió, el objeto que provocó la movilización policiaca pertenecía a una agente de dicha corporación. Los familiares de la víctima lo compraron a un tercero, quien lo habría robado a la uniformada.Los policías llegaron al domicilio de la familia de Christian, entraron y el menor intentó defender a sus padres quienes eran detenidos sin orden alguna. Le dieron al menos dos disparos que lo privaron de la vida.En su momento, vecinos que atestiguaron los hechos afirmaron que al intentar retirarse los agentes de Seguridad Pública Municipal comenzaron a disparar aleatoriamente, lesionando a otro menor de 17 años.La omisión gubernamentalPor este caso la procuraduría acreditó violaciones a los derechos humanos de las víctimas, por lo que, el 10 de agosto, emitió una resolución de recomendación conformada por ocho resolutivos. El sexto de ellos consiste en una disculpa pública con rechazo enérgico a las conductas descritas.Casi un mes después, el gobierno municipal de Irapuato que en ese entonces era encabezado por el panista Ricardo Ortiz Gutiérrez, se mantenía omiso en responder formalmente al órgano garante de los derechos humanos.“No hemos recibido respuesta formal por parte del municipio. Qué procede en este momento, estamos por preparar en este momento un documento para pedirle al Congreso del Estado que cite a comparecer al presidente municipal para que explique las razones por las que no ha dado respuesta a esta procuraduría”, comentó Vicente Esqueda Méndez, el pasado primero de septiembre.El condicionamientoUn día después el alcalde en turno condicionó la aceptación de la recomendación.En entrevista dijo que, un día antes, enviaron una respuesta condicionando que la aceptación podría darse hasta que concluya el proceso penal en contra del presunto responsable.“No es que no estemos de acuerdo o estemos en contra, simplemente valoramos las diferentes posiciones y postura de quienes participan en ese tema. A mí no me duele dar disculpas públicas, no hay cuestiones de soberbia, ni de orgullo, ni mucho menos”, dijo el 2 de septiembre.Sin embargo, no hubo tal disculpa.La herenciaEl pasado 3 de septiembre la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato informó vía Twitter que el gobierno municipal, aun encabezado por Ortiz Gutiérrez, había aceptado las recomendaciones.Esto sucedió casi un mes antes de que concluyera su periodo como alcalde. En este tiempo no fueron cumplidos todos los resolutivos de recomendación. Uno de los que quedaron en el tintero fue la disculpa.Al final el exalcalde de Irapuato ‘heredó’ a la nueva administración, encabezada por Lorena Alfaro García, la disculpa pública, pues las recomendaciones van dirigidas a las instituciones y no a la persona.De acuerdo con medios de Irapuato, en entrevista del pasado 8 de diciembre, la alcaldesa explicó que existe la disposición de cumplir con la disculpa. No obstante, no han logrado localizar a la familia.
“Hemos estado muy atentos, dispuestos a hacer esta disculpa pública a la familia, sin embargo, ha sido muy difícil localizarlos, no los encontramos, no encontramos a la familia de este pequeñito. Hay disposición, pero no hemos podido tener el acercamiento con ellos”, dijo.A estas alturas, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, no ha informado el avance de cumplimiento de los ocho puntos que conforman la recomendación con número de expediente 55/21-B.MEJZ*