La legisladora local por Morena, María Magdalena Rosales Cruz, rechazó la postura de los diputados panistas quienes se negaron a llamar a comparecer al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), Vicente de Jesús Esqueda Méndez, respecto al informe de actividades que entregó al Congreso local el pasado ocho de abril.
En la Comisión de Derechos Humanos, la coordinadora de la bancada de Morena presentó una propuesta para que Esqueda Méndez estuviera presente en el análisis de dicho informe, con la finalidad de ampliar información contenida en dicho informe.Sin embargo, sin expresar las razones que justificaron su decisión, la comisión determinó que no era necesario desahogar ese mecanismo deliberativo entre el Congreso del Estado y Esqueda Méndez.“Lamento que en Guanajuato sea común la violencia, la inseguridad, el abuso de autoridad, la desaparición de personas, la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como todas las injusticias generadas por la desigualdad social, económica y de género”, expresó.Cuestiona cifrasRespecto al informe, cuestionó el por qué disminuyó el número de expedientes abiertos por quejas en plena crisis de derechos humanos.De acuerdo con información del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo del presente año hubo 267 asesinatos de mujeres en todo el estado, siendo Guanajuato la tercera entidad con mayor número de casos con 69.De la misma manera, precisó que durante el primer trimestre se alcanzó el máximo histórico de delitos sexuales, con 588 denuncias por dicho delito, 212 más que en el 2018.Complicidad entre institucionesMaría Magdalena Rosales se dijo indignada ante la notable complacencia por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos al negarse a valorar la posible solicitud de alerta de violencia de género a la Secretaría de Gobernación, aun cuando sobran datos que justifican la solicitud de esta medida, como se acredita en el propio informe donde se reconocen múltiples vulneraciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.Esa misma actitud pasiva se manifiesta en otras situaciones, dijo, como en el caso de la problemática relacionada con la niñez en situación de calle, o con la muy deficiente garantía del derecho a la educación de la niñez, ya que Guanajuato se posiciona como una de las tres entidades con menor porcentaje de población de 6 a 14 años que asisten a la escuela.Sin embargo, la procuraduría ha insistido en que la manera de resolverlo es mediante pláticas o charlas, y ha evitado proponer a las autoridades en el ámbito de sus competencias, implementen las medidas necesarias para garantizarles el acceso universal a la educación, así como un desarrollo pleno.Recomendaciones ineficientesDe igual forma calificó de ineficientes las recomendaciones emitidas por la PDHG hacia la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, toda vez que se hicieron con la intención de no incomodar al fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, pese a que dicha institución es la autoridad que más expedientes de quejas tiene abiertas en el estado.“Por supuesto que esa tolerancia no nos sorprende, es bien sabido que para eso fue impuesto el actual procurador de los derechos humanos: para seguir solapando la actuación del poder político que lleva más de 30 años gobernando la entidad en contra de los ciudadanos. Por la misma razón, la mayoría en este congreso evitó hacerlo comparecer”, reclamó.MEJZ*