Un grupo de 36 docentes que laboraban en la Unidad de Idiomas de la Universidad de Guanajuato interpusieron tres demandas colectivas en contra de la casa de estudios por presuntas omisiones a sus derechos laborales.
En rueda de prensa, 10 de los afectados explicaron que, pese a tener actividades y obligaciones como cualquier otro profesor de la institución, no tenían derecho a ninguna prestación por ser contratados como "prestadores de servicios profesionales asimilados a salarios".
Justo frente al acceso principal de la Unidad de Idiomas informaron que a 31 de ellos los despidieron en enero de 2020 de manera injustificada y aseguraron que fue por exigir su reconocimiento como trabajadores con plenos derechos.
Las demandas fueron interpuestas ante la Junta Local Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios de Guanajuato en el siguiente orden:
Dos de ellas en el año 2018, cuando aún laboraban para la UG, para ser reconocidos como trabajadores universitarios con plenos derechos, bajo los expedientes 18/2018/LN/CA/INDU y 22/2018/LN/CA/INDU.
El 2 de julio de 2020 la institución fue sentenciada a que les reconocieran como trabajadores con todos los derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo con las prestaciones correspondientes.
La UG interpuso un amparo que fue negado, por lo que el cumplimiento de la sentencia es obligatorio.
Entre abril y mayo de 2021 inició la audiencia incidental de liquidación para determinar las cantidades de dinero que la institución tendría que cubrir a los docentes.
Sin embargo esto se ha alargado debido a que la universidad ofreció un informe de recursos humanos que hasta la fecha no ha sido presentado, pese a que ya hay al menos tres multas por esta omisión.
La tercera denuncia con expediente 4/2020/LN/CA/CA/INDU fue interpuesta por el despido injustificado de los 31 docentes referidos en enero de 2020.
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