A partir del próximo proceso electoral los deudores alimentarios y aquellos violentadores políticos en razón de género y con resolución firmen judicial o del tribunal, les serán suspendidos sus derechos políticos electorales, por lo que no podrán ser postulados a cargos de elección popular.
Este lunes se aprobaron las propuestas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para su armonización con la Constitución Mexicana, con lo que se frena la postulación de personas violentas con sanción judicial y/o deudores alimentarios a los puestos de decisión públicos, es decir, empleos, comisiones o cargos de elección popular.
La diputada y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Susana Bermúdez Cano, detalló en entrevista que la sanción cuando se confirme violencia política en razón de género tendrá como vigencia la misma que haya determinado el tribunal.
“Básicamente es el paso hacia a mandar un mensaje de que no solamente es en materia penal, sino también en la jurisdicción electoral”.
En el caso de los deudores alimentarios, el impedimento para postularse como candidato, será mientras dure la resolución, ahí no hay temporalidad propuesta tampoco, sino la que se determine en el ámbito judicial.
Para postularse la persona deudora alimentaria, no podrá estar inscrita en el Registro o demostrarlo como una resolución judicial como medida de reconocimiento de ello para tener a salvo sus derechos.
“Todo lo demás, la armonización es conforme a la Constitución Federal, donde la propia sanción penal y lo que se impone es lo que dure en el Registro (de Deudores Alimentarios Morosos) y ahí será hasta que concluya, que ya no es deudor moroso”.
Tras la aprobación del dictamen en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el próximo jueves será votada en la sesión ordinaria y una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato su aplicación.
El origen de la iniciativa se presentó por los diputados integrantes de la Comisión con el objetivo de sancionar con la suspensión de sus derechos políticos, electorales y civiles a quienes hayan sido encontrados, por resolución judicial firme, como violentadores político en razón de género.
La propuesta fue emanada de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que integran las diputadas del PAN Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá, Briseida Magdaleno González y Rolando Alcántar Rojas; de Morena Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del PRI Yulma Rocha Aguilar, del PVEM Martha Lourdes Ortega Roque y Gerardo Fernández González; y de Movimiento Ciudadano, Dessire Angel Rocha. Con esta iniciativa se reconocer la existencia tangible de un fenómeno real, a fin de sancionar a personas que han cometido o pretendido cometer delitos e ilícitos que dañan la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual de terceras personas; la vida familiar, el derecho de alimentos y los derechos político-electorales, cuando son postuladas o pretendan ser postuladas para cargos de elección popular, o bien, acceder a empleos, cargos o comisiones de servicio público.
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