Por Luis Alberto Martínez / León, Guanajuato - De acuerdo con el diputado Alejandro Arias Ávila, las víctimas de extorsión no sólo se ven afectadas en sus bienes, sino también psicológicamente, incluso de una forma muy similar a las víctimas de una agresión sexual.
Por ello, propuso ante el Congreso local incrementar las penas por el delito de extorsión.
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El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Local de Guanajuato desarrolló la iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y sus Municipios, como un esfuerzo por fortalecer las leyes contra la extorsión y adaptarlas a los nuevos desafíos que enfrentan la sociedad y la economía.
El diputado Arias Ávila, al explicar la necesidad de la reforma, destacó que la extorsión no solo afecta la libertad y los bienes económicos de las personas, sino que también tiene un profundo impacto psicológico en las víctimas.
Diferenció entre la extorsión en dos líneas o tipos: la directa, que implica un contacto personal con las víctimas; y la extorsión indirecta o virtual, realizada a través de medios digitales como celulares y redes sociales.
El legislador enfatizó la importancia de proteger la libertad y la seguridad personal, valores fundamentales tutelados por el Código Penal.
Además, comparó la gravedad de la extorsión con los delitos de índole sexual, resaltando la alarma social y los daños a la vida cotidiana y económica que provoca este delito, lo que justifica un aumento en las penas.
Arias Ávila subrayó que la extorsión daña gravemente tanto a la sociedad, debido a la alarma que genera, como a las personas, por la violencia ejercida por los criminales para obtener beneficios económicos y controlar áreas clave para el comercio y el transporte.
La extorsión es uno de los delitos que más lesiona a la sociedad y a la personas, por dos razones: a la sociedad porque causa gran alarma social la forma violenta en que los sujetos activos del delito actúan al momento de ejecutar las acciones de constreñimiento con la finalidad de obtener beneficios económicos, y de tratar de controlar ciertas zonas de comercio, de transporte y de acceso en cualquier tipo de vehículo o a pie de ciertas zonas que la delincuencia considera sus zonas de influencia o dominio”, enfatizó.
La propuesta ha sido enviada a la Comisión de Justicia para su análisis y posible dictamen, que podría resultar en su avance al pleno para su votación o en su revisión o archivo.
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