Guanajuato - José Luis Palacios, excolaborador de asociaciones civiles enfocadas en atención a menores en situación de vulnerabilidad, lanzó en su columna editorial publicada en el periódico am una dura crítica al funcionamiento del Fideicomiso Estatal para el Desarrollo Social de Guanajuato (Fidesseg).
Argumentó que el esquema actual privilegia a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) empresariales en detrimento de aquellas con mayor trayectoria y cercanía con las comunidades vulnerables, asegurando que los empresarios involucrados no deben ser juez y parte.
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Fue un error el acuerdo del 2019 entre el exgobernador Diego Sinhue y la cúpula empresarial, para que solo ellos, los empresarios, decidieran a dónde va ese dinero”, señaló Palacios en su columna, subrayando la falta de transparencia en el manejo de estos recursos.
Palacios Blanco denuncia que el acuerdo alcanzado en 2019 entre el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la cúpula empresarial permitió a este sector actuar como juez y parte en la asignación de los fondos públicos recaudados por el impuesto cedular estatal.
El doctor expuso que dicho acuerdo, además de concentrar el poder de decisión en las manos de los empresarios, dio lugar a la creación de dos asociaciones civiles intermediarias: Fe Guanajuato y Actuando por Guanajuato, que no solo deciden a qué proyectos se destinan los fondos, sino que también se han reservado recursos significativos para su propia operación.
Ellos mismos se reservaron no solo recursos para sostenerse -decenas de millones-, sino que autopresentaban y autoaprobaban sus proyectos -más decenas de millones-”, destacó.
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Palacios considera que hay desbalance en Fidesseg
Uno de los puntos más controversiales que Palacios pone sobre la mesa es el desbalance en la distribución de los recursos del Fidesseg.
Insistió en que las asociaciones civiles empresariales vinculadas a sectores como el hotelero, el agropecuario o el de la construcción son las principales beneficiarias, mientras que organizaciones con décadas de experiencia trabajando con las comunidades más necesitadas apenas logran acceder a los fondos.
Actualmente, son privilegiadas las asociaciones civiles ligadas a las grandes empresas hoteleras, del calzado, de la construcción, de restaurantes, de la producción agropecuaria, que reciben recursos por más de 40 millones en promedio”, denunció Palacios.
Insistió en el limitado acceso que tienen el 80 % de las OSC que llevan más de 20 o 30 años operando en el estado.
“Las OSC consumen alrededor del 30 % de los proyectos asignados en recursos administrativos y 30 % en gasto de operación, en tanto que solo llega el 30 % en forma directa a la gente”, reveló Palacios.
Señaló que Fidesseg se ha convertido en un fondo para financiar y equipar a fundaciones empresariales, en lugar de atender de manera efectiva las necesidades de las personas vulnerables.
"Esto no se vale"
El catedrático también insistió en que el manejo de los recursos del Fidesseg beneficia desproporcionadamente a OSC recién constituidas, mientras que las organizaciones con más historia y experiencia se relegan.
“Las que han sido beneficiadas tienen menos de tres años de haberse constituido y gozan de los recursos públicos, y esto no se vale”, escribió en la columna.
Son las autoridades electas quienes, como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (hoy Secretaría del Nuevo Comienzo), deben decidir sobre la asignación de recursos públicos, no un grupo de empresarios que no fueron electos y menos que tienen sus propias fundaciones recibiendo decenas de millones de pesos”, insistió Palacios.
Ante el cambio de modelo inminente y el descontento de empresarios por la iniciativa de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que está de acuerdo.
“Es un gran acierto de Libia su sensibilidad hacia la gente, pues estoy seguro que nace de una convicción y no solo por las voces acumuladas del partido Morena que ha cuestionado el mecanismo de asignación de recursos”, expresó,.
Palacios destacó que del 80 % de los recursos se destinen directamente a las personas en situación de vulnerabilidad, eliminando el “mecanismo perverso” que permite a las OSC empresariales captar grandes cantidades de fondos públicos para su propia operación.
“Un nuevo comienzo para que las mayorías reciban apoyos sociales es que llegue directamente a ellos más del 80 % de los recursos del Fidesseg y acabar con el mecanismo perverso de dedicarse a sostener a OSC empresariales”, concluyó.