Guanajuato— El Gobierno de Guanajuato presentó una iniciativa que propone la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, con el cual los sentenciados por este tipo de delitos permanecerían inscritos durante su condena y hasta 30 años después de cumplirla.
La propuesta, impulsada por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, también plantea que todas las instituciones educativas, sociales y laborales estén obligadas a consultar este registro antes de contratar personal, con el objetivo de evitar que personas condenadas por delitos sexuales tengan contacto con menores o población vulnerable.
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“Cuando se comete un delito sexual, las víctimas carga con las consecuencias para toda su vida, por eso los agresores también deben enfrentar consecuencias permanentes. Este gobierno no va a permitir que vuelvan a poner en riesgo a nuestras hijas e hijos”, advirtió la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Durante el programa Conectando con la Gente, la Mandataria Estatal reveló que del 2020 al 2025 se han registrado en la entidad: 6 mil 114 abusos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; 572 acosos sexuales, 103 hostigamientos sexuales, dos mil 360 violaciones y 265 violaciones equiparadas, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, FGEG.
Estas cifras, subrayó, obligan al Estado a actuar y se ponga un freno, el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales se convierte en un mecanismo para prevenir más delitos de este tipo y asegurar la no repetición.
Se explicaron las tres iniciativas presentadas el pasado 30 de septiembre ante el Congreso del Estado, entre las que destaca la creación del Registro Público de Agresores Sexuales.
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El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Alejandro Sierra Luego, explicó que esta iniciativa busca reformar el Código Penal, creando un capítulo específico donde se cree este registro y se establezca la instancia que operaría el mismo.
“Además, modifica la Ley Organiza de la Fiscalía General a efecto de dotarlo de las atribuciones necesarias para que ellos administren y operen este registro. Y obviamente lo que busca es que todas estas personas que hayan sido sentenciadas por agresión sexual contra niñas, niños o adolescentes este en el registro mientras purgan la pena”.
Pero, además se pretende que la publicación del agresor se extienda 10 años o hasta 30 dependiendo del mismo delito.
Pese a que en algunos estados esta misma propuesta ha sido considerada como anticonstitucional, la Gobernadora Libia Dennise, afirmó que se trabajó con argumentos jurídicos y legales para que no se considere así.
“Hicimos un análisis muy puntual para que la iniciativa de Guanajuato tuviera este componente del interés superior de las niñas, niños y adolescentes; y creemos que puede pasar este filtro de Constitucionalidad y habrá que hacer el análisis pertinente y siempre abierto a que se perfeccione”.
La Secretaría de la Mujer, Itzel Balderas, otras de las invitadas, abundó que lamentablemente estas agresiones en un alto porcentaje se registran en el seno familiar
La segunda iniciativa corresponde a una reforma al Código Penal en materia de violencia familiar, que endurece las sanciones: de 1 a 6 años pasa a un rango de 2 a 9 años de prisión, con multas de hasta 90 días; y en casos agravados, la pena podrá alcanzar de 3 a 12 años.
La propuesta elimina beneficios procesales que favorecían la reincidencia, suprime la exigencia de violencia física como condición para la persecución de oficio y deroga el artículo 221-B, con lo cual se cierran vacíos legales y se garantiza mayor protección a las víctimas en situación de vulnerabilidad.
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Finalmente, la tercera iniciativa propone la adición del artículo 57 bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con lo que el acoso sexual cometido por servidores públicos se tipifica como falta administrativa grave. Esto permitirá sanciones severas, incluida la destitución del cargo, y armoniza la legislación estatal con tratados internacionales para consolidar entornos laborales seguros, incluyentes y libres de violencia.
“En el servicio público no cabe la violencia sexual. Aquí debe prevalecer la ética, la probidad y el respeto a los derechos humanos. En Guanajuato hay cero tolerancia al acoso”, subrayó la Gobernadora.
RC