León, Guanajuato - Por segunda ocasión la asociación Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), pide la intervención del Gobierno federal para frenar la violencia que se registra en la entidad contra los centros de rehabilitación.
El líder del CRUB, Nicolás Pérez Ponce, acompañado de un grupo de al menos 30 jóvenes de diferentes centros de rehabilitación de la región, llegó al evento de informe de la presidenta Claudia Sheinbaum desde León, para solicitarle su ayuda.
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La primera ocasión le llevaron al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, una petición de intervención ante los hechos de violencia que se registran en los centros ubicados en los diferentes municipios de Guanajuato.
Pérez Ponce acusó que tras cada ataque que se registra en la entidad en contra de estos espacios, es cuando las autoridades estatales y municipales, acuden a los centros de rehabilitación a pretender regularizarlos y ayudarles; sin embargo, no concluye en nada positivo.
Lamentó que a tiendas de conveniencia y farmacias de cadena sí se les ofrezca la seguridad con elementos de la Policía Municipal y rondines, mientras, que a los centros de rehabilitación se les deja en el desamparo y a merced de la delincuencia.
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Esta semana nuevamente en el municipio de Dolores Hidalgo se registró el ataque al anexo “Alfa Fortaleza AC”, lugar al que llegaron un grupo de hombres y comenzaron a disparar a los internos, quitándole la vida a tres de ellos.
Durante el 2024 se registraron al menos dos decenas de ataques armados a centros de rehabilitación.
En febrero pasado, en León, en un ataque armado al Centro de Rehabilitación Esperanza y Fe, fueron asesinadas dos personas y cuatro más resultaron lesionadas.
“Queremos que haya seguridad en los Centros de Rehabilitación, ya que este año ha habido varios ataques a estos espacios. Nosotros somos los que hacemos esta labor que corresponde al Estado y no hemos recibido ninguna respuesta, en cuestión de la seguridad”.
Nicolás Pérez Ponce / Líder del CRUB
Tampoco se tiene respuesta en torno a los trámites y procesos para su regularización, aseguró.
En el documento que le hicieron llegar a la presidenta, señalan la falta de apoyo e interés del Gobierno del estado, persecución y hostigamiento de parte de autoridades municipales y estatales.Lee también: ¿Qué pasa cuando una persona muere y no hay un testamento? ¿Quienes pueden heredar?
“En lugar de reconocer nuestra labor social, nos ven como enemigos o competidores, afectando así nuestra operación cotidiana y atención a nuestros pacientes”.
Además, acusan de operativos arbitrarios de la Policía Municipal y estatal, sin la orden judicial respectiva. A lo que se suma la negativa a expedirles el uso de suelo.
MEJZ*