Oaxaca— La noche del 19 de mayo se convirtió en un parteaguas para Melina Ponce Castelán, hasta entonces coordinadora del Programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente en Oaxaca, luego de que un video que circuló en redes sociales la mostrara en aparente estado de ebriedad mientras era detenida en un puesto de control vial.
El incidente ocurrió en la colonia Reforma, una de las vialidades más transitadas de la capital oaxaqueña, cuando elementos de la Policía Vial Estatal le marcaron el alto al notar que una mujer conducía un vehículo de alta gama de forma errática.
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Al acercarse, los oficiales identificaron a la mujer con signos visibles de embriaguez y procedieron a solicitarle que descendiera del automóvil para realizarle una prueba de alcoholemia.
Lejos de mostrarse colaborativa, Ponce Castelán reaccionó con altanería y prepotencia, llegando incluso a insultar a las oficiales que le pedían mantener la calma.
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En un momento de la grabación que rápidamente se viralizó, también lanzó fuertes acusaciones contra el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, a quien señaló de estar implicado en actos de “corrupción”.
Las autoridades remitieron a la funcionaria a las instancias correspondientes por la falta administrativa, aunque la liberaron una vez que se cumplió el protocolo legal aplicable en estos casos. No obstante, el escándalo no terminó ahí: la conducta exhibida y su papel dentro de un programa social tan sensible como el de personas con discapacidad desataron una lluvia de críticas por parte de la ciudadanía y organizaciones civiles.
La Delegación de Programas para el Bienestar en Oaxaca emitió un comunicado oficial esa misma noche, informando que Melina Ponce Castelán había dejado de prestar sus servicios de manera inmediata.
En el mensaje, la dependencia se deslindó de cualquier acción individual que contraviniera los principios del servicio público, reafirmando su compromiso con la ética y la transparencia.
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Minutos después, también difundieron el documento de renuncia voluntaria que firmó la propia Ponce Castelán, y que dirigió a Nancy Cecilia Ortiz Cabrera, delegada estatal de los Programas para el Desarrollo en Oaxaca. En la carta, la exfuncionaria afirma que su decisión responde a "motivos personales" y asegura no tener pendientes administrativos ni legales con la Secretaría del Bienestar.
Aunque su renuncia no menciona directamente el incidente, el contexto de su publicación y el posicionamiento institucional dejan claro que la decisión fue consecuencia directa de la presión social y mediática. En su cuenta oficial, la delegada Ortiz Cabrera acompañó el comunicado con un escueto pero contundente mensaje: “A la opinión pública y al pueblo de Oaxaca”, dando por cerrada la postura institucional.
RC