El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, señalado por peculado y desvíos de recursos por mil 300 millones de pesos presentó un amparo para demorar la extradición a México.
De acuerdo a fuentes consultadas, el gobierno de Javier Corral necesita ver si el juez de Distrito concede o no una suspensión y cuál sería sus efectos, en su caso.
El exmandatario fue detenido el 8 de julio en Miami, Florida, en un establecimiento de autopartes propiedad de su hijo.
El 9 de julio el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que la detención de su antecesor no es un regalo ni un favor del gobierno de aquel país.
En una videoconferencia dijo que no es un asunto que salió de la chistera, sino un caso que lleva más de cuatro años, es un proceso decantado, largo, como para decir que se trata de un intercambio de favores.
Chihuahua recupera 500 mdp de bienes adquiridos por César Duarte
El gobierno de Chihuahua aplicó la Ley de Extinción de Dominio en los bienes asegurados al exmandatario César Duarte Jáquez, por lo cual ya se realiza la venta de crías de ganado incautado y se procederá a realizar la venta de diversas propiedades, indicó este martes Jorge Espinoza Cortés, consejero jurídico.
Mediante un comunicado de la administración que encabeza Javier Corral Jurado, el funcionario señaló que en estos casos, la citada legislación permite entrar a la venta-subasta de bienes de manera anticipada. Tales declaraciones fueron durante una entrevista para la estación radiofónica y de televisión La Octava, -con sede en la Ciudad de México-.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicada el 9 de agosto de 2019, faculta al Estado para la venta anticipada de bienes asegurados en diversos artículos, especialmente: el 184 (Fracc. IV); 228 incisos a-f y 229.
Asimismo, Corral Jurado en conferencia virtual al final de la sesión de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN), detalló que la operación Justicia para Chihuahua ha ejercido acción penal sobre 39 personas entre exservidores públicos y empresarios, con 16 sentencias condenatorias y la recuperación, hasta el momento de 500 millones de pesos por la vía fiscal, administrativa y penal.
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