San José Iturbide, Guanajuato - Lo presentado como un “golpe histórico” contra el huachicol terminó exhibiendo cuestionamientos sobre el operativo realizado en Guanajuato.
La acción involucró a la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, y a la Policía estatal.
Hasta anoche, las autoridades no habían podido acreditar la ilegalidad del combustible ni la responsabilidad de supuestos delincuentes.
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Operativo contra presunto huachicol en Guanajuato enfrenta cuestionamientos
SIMSA defiende la legalidad de sus operaciones
SIMSA aseguró que su terminal de almacenamiento, ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, cuenta con los permisos correspondientes.
La empresa también sostuvo que no es propietaria de los productos almacenados dentro de sus instalaciones de combustibles.
Autoridades federales y estatales reportaron el jueves 17 la incautación de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo.
Además, informaron sobre el aseguramiento de 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentos pertenecientes a SIMSA.
De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo fue encabezado por Juan Francisco Vera, fiscal federal de la FGR en Guanajuato.
La acción se realizó después de un cateo autorizado por un juez, según la información proporcionada por las autoridades.
Cuestionamientos sobre el operativo
Sin embargo, ni la FGR ni el Gobierno de Guanajuato informaron inicialmente varios detalles del procedimiento.
Entre ellos, que el operativo ocurrió el 4 de septiembre y no el jueves 17, como se reportó públicamente.
La planta cateada tampoco fue clausurada y, de acuerdo con la información publicada, retomó actividades desde el 10 de septiembre.
Asimismo, el combustible permaneció dentro de los tanques de SIMSA y las instalaciones no fueron selladas durante el procedimiento.
Esta situación contrasta con otras acciones realizadas por la FGR, mientras el anunciado “golpe histórico” no registró personas detenidas.
La postura de la empresa
“Gas Natural del Noreste (SIMSA) presta un servicio consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad de las empresas usuarias, las cuales a su vez son permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y acreditan ante la empresa la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos.”
“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada por las autoridades federales, estatales y municipales”, manifestó la compañía.
Además, SIMSA puso a disposición de la FGR documentación para acreditar la legalidad de su operación y su relación comercial con las usuarias.
Especialista cuestiona procedimiento
Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC especializada en energía, consideró que las autoridades se equivocaron durante el operativo.
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“La autoridad llegó a pedir los permisos de importación del combustible, pero SIMSA está en posesión, no en propiedad, de lo que almacena. La importación la hacen Pemex, ExxonMobil, Ferromex y Kansas City, que son los clientes de SIMSA”, dijo.
Monroy señaló que el origen del combustible puede rastrearse desde la refinería correspondiente hasta su llegada a la terminal.
“Se puede rastrear desde qué refinería se importó el combustible que llega a esta terminal, y si alguien se quiere colgar de supuestas discrepancias o mermas, pues que revise en las garitas, no en la terminal. Así que si alguien se equivocó es el Ejército y la Guardia Nacional en la frontera”, consideró.
Capacidad de almacenamiento
La terminal de SIMSA representa la instalación de almacenamiento y distribución más importante del Bajío.
El complejo cuenta con una capacidad de 630 mil barriles, equivalentes aproximadamente a 100 millones de litros.
