Por: Juan Miguel Alcántara Soria
La desaparición de 5 jóvenes el 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco, y la difusión de un video que contiene imágenes de tortura por uno de ellos, obligado por sicarios de grupo criminal a golpear, apuñalar y degollar a otro de sus amigos, así como de vehículos incendiados con uno de ellos dentro, conmocionaron al país.
Los horrores siguen: individuos descuartizados y congelados en Veracruz. Así nuestro mapa de sangre. El grado de violencia incontenida por todo el país provoca indignación; y terror por la impunidad con que opera el crimen organizado en más del 80 % del territorio nacional.
Un coraje inmenso por la falta de respuesta de las autoridades, empezando por el presidente de la República, quien trivializó estos casos de violencia extrema: en su mañanera del miércoles 16 bromeó a pregunta de reporteros sobre el caso Lagos de Moreno. Ciudadanos demandamos afrontar nuestra realidad, con verdad, justicia, reconstrucción de nuestras debilitadas instituciones; y evitar insensibilidad y burla presidenciales.
Hace exactamente 15 años, el 21 de agosto de 2008, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la Legalidad, en Palacio Nacional, los 3 poderes públicos federales, los 3 órdenes de gobierno (incluyendo el jefe de gobierno del DF y representantes de alcaldes del país, de todos los partidos), y los sectores privado, religioso, social, medios de comunicación.
A fin de que cada uno desarrollase, en el ámbito de sus competencias, acciones específicas para atender la crisis de seguridad que se vivía entonces, en la que un detonante de ese Acuerdo Nacional fue el secuestro y homicidio del joven Martí en la Ciudad de México semanas antes.
El presidente Calderón asumió el reto. Yo era entonces subprocurador jurídico en PGR, y me correspondió dar seguimiento a los compromisos a nuestro cargo. Y luego como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; con resultados verificados y alentadores a partir de 2011, hasta el nuevo desastre de la época del corrupto gobierno de Peña.
Si el presidente López Obrador quiere actuar como jefe de Estado, y no como jefe de facción, debe convocar ya a un Acuerdo Nacional por la Paz, haciéndose cargo de las más de 43 mil personas desaparecidas (de las cuales 18 mil 857 son jóvenes) y 163 mil asesinadas en lo que va de su sexenio; de incumplir su compromiso del Modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica; de debilitar a las policías locales de todo el país por reducción de fondos federales; del desastre de la Fiscalía General de la República, primera responsable de combatir a la delincuencia organizada; de la distracción de la Unidad de Inteligencia Financiera dedicada hoy a espiar adversarios políticos, de la disputa territorial del narcotráfico mexicano ya fuera de nuestras fronteras, que cobró la vida de candidato presidencial de Ecuador en elecciones que se celebraron este domingo, y quien denunció a cartel mexicano de ser responsable de violencia en su país. Del evidente fracaso de “Abrazos. No balazos”.
Este Acuerdo Nacional debe partir de una visión de seguridad ciudadana que privilegie el respeto a las personas, sus libertades y patrimonios, aparte del orden y la paz públicos. Que busque reconstruir y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, priorizando las locales (policías municipales y fiscalías estatales).
Con énfasis en la prevención social de las violencias, particularmente contra niños y mujeres. Requiere de diagnósticos desde municipios, estados y finalmente nacional, con participación ciudadana. Señalar acciones y metas concretas, y tiempos de ejecución y responsables. Supone: que la política de seguridad sea una política de Estado, transexenal; una eficaz coordinación entre los 3 poderes de la Unión y los 3 órdenes de gobierno. Promover cultura de la legalidad, la denuncia, la prevención de adicciones. Y la transparencia, evaluación y rendición de cuentas pública de las acciones de las autoridades.
Se trata de hacer un frente entre todos contra la violencia y la delincuencia, por encima de militancias políticas. En suma: fortalecer capacidades del Estado Mexicano para lograr seguridad ciudadana. Acuerdo Nacional por la Paz: ¡YA!
*a/b