Las demandas contra servidores públicos del ámbito estatal y municipal van al alza, confirmó el titular del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el magistrado Eliverio García Monzón, quien reiteró que las demandas enviadas por las contralorías municipales no cuentan con el sustento suficiente para imponer sanciones a los servidores públicos.
En el 2021 el TJA recibió 5 mil 130 demandas, y este año hasta el corte del 20 de julio, llevan contabilizadas un total de 4 mil 267 demandas.
“Hay distintas faltas administrativas cometidas por los distintos servidores públicos, pero en gran número de asuntos no se aplica sanción a los servidores públicos la mayoría de los casos; en menor cantidad es en los que se confirma las resoluciones emitidas por las contralorías municipales”, comentó.
Del mismo modo, evitó hablar de la demanda contra el extesorero de León, Enrique Sosa, quien es investigado por el despojo de un terreno en el que estaba construido un kínder.
De las 5 mil 300 demandas recibidas en el 2021, se emitieron alrededor de 3 mil 200 sentencias a través de las cinco salas.
García Monzón declaró que este año hay más del 90 por ciento de las demandas tipificadas como graves contra servidores públicos que no se ha sancionado a los servidores públicos.
“Los ciudadanos tienen confianza en los órganos internos; el llamado a la ciudadanía es a que presente sus quejas en contra de los servidores públicos, porque ya cada órgano interno le dará trámite correspondiente”, detalló.
Cuando se trata de faltas graves, las contralorías municipales llevan la investigación y una vez que termina esa fase de investigación lo remite al Tribunal, donde el Tribunal y la sala especializada determina si finca alguna responsabilidad al servidor público, de acuerdo a las constancias que remitieron las Contralorías municipales, o bien, la instancia de transparencia del estado.
“En ocasiones se presentan las pruebas o denuncias y no se soportan las pruebas suficientes, inician la etapa de investigación y es cuando mandan el expediente al tribunal y se determina que no hay elementos para fincar responsabilidades o aplicar alguna sanción a los servidores públicos”, expresó.
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