Por: Jesús Salazar
Guanajuato, Guanajuato.- Unos 200 habitantes de Rincón de Tamayo en Celaya se manifestaron este jueves en el Congreso de Guanajuato, durante la sesión de la Comisión Permanente, donde se presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, que acepte en todos sus términos la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lo anterior, tras las graves violaciones a los derechos humanos contra vecinas y vecinos de la comunidad de Rincón de Tamayo.
Con pancartas, los manifestantes demandaron la intervención del Congreso del Estado para solucionar el conflicto que se tiene por el agua con la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado (Jumapa).
“Tamayo se niega a la imposición de Jumapa”; “Pedimos apoyo al Congreso del Estado”, así como “Exigimos respeto al reglamento de agua potable y alcantarillado”, eran algunas de sus demandas.
Esta manifestación se da días de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Celaya incurrieron en violaciones graves a derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura contra habitantes de la comunidad Rincón de Tamayo.
Lo anterior durante la realización de un operativo policiaco, ante el rechazo de habitantes a la apertura de la Jumapa el 15 de enero de 2023.
El diputado David Martínez Mendizábal exhibió la brutalidad con la que actuó la policía municipal derivó en diversas personas lesionadas a quienes se les vulneraron sus derechos humanos, entre otros, a la integridad personal, y seguridad jurídica.
“Así llegaron al extremo de introducirse a un domicilio para intentar detener a una mujer a quien golpearon, junto a sus hijos, con patadas, puñetazos, y con la culata de las armas”, expresó el diputado David Martínez.
Agregó que dichos actos abusivos no terminaron ahí, quedó acreditado que una vez que varias personas vecinas de la comunidad fueron privadas de su libertad siguieron siendo agredidas, golpeadas, amenazas y torturadas por la autoridad policial.
La propuesta del punto de acuerdo fue turnada a la comisión de Asuntos Municipales.
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