Diputados del Congreso del Estado de Guanajuato buscan transitar al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Guanajuato, Guanajuato - Diputados de la
Comisión de Justicia del Congreso local, aprobaron este martes el dictamen para exhortar al
gobierno federal para que designe recursos a poderes judiciales de estados, y con ello estén en posibilidad de dar cumplimiento al decreto por el que se expide el
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Dicho decreto fue publicado el 7 de junio de 2023 en el
Diario Oficial de la Federación.
El punto de acuerdo único, aprobado por unanimidad, establece hacer este exhorto para que el gobierno de la República, en ejercicio de sus facultades, se incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, los recursos suficientes para los poderes judiciales de las entidades federativas, y se transite al nuevo Código.
En la exposición de motivos se señala que el 7 de junio de 2023 se publicó el
nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Dicha norma representa un hito mayor para el derecho en
México y tendrá incidencia en la vida de millones de personas en tanto busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.
De acuerdo con la propuesta del
PAN, una revisión estadística permite confirmar la relevancia de la norma de referencia.
Según los datos del Censo Nacional de Justicia Estatal del
Inegi, en 2021 ingresaron en el conjunto de los tribunales estatales del país 2 millones 130 mil 586 asuntos.
De estos, 45% corresponden a cuestiones de naturaleza familiar y 25% a la materia civil.
El 70% de los litigios a nivel nacional nacional
corresponden a lo familiar
Es decir, 70% de los litigios a nivel nacional nacional, casi 1.5 millones de juicios, corresponde a conflictos que tienen que ver con
divorcios, pensiones alimentarias, custodias,
adopciones, arrendamientos, contratos, sucesiones, solo por señalar algunos de los más indicativos.
La implementación de las diversas disposiciones contenidas en el
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares presenta retos extraordinarios para las entidades federativas en tanto que corresponderá a los poderes judiciales de los estados su implementación.
Las exigencias incluyen nueva infraestructura, adaptaciones en los espacios físicos y de una fuerte inversión en capacitación y en recursos tecnológicos que permita que la centralización normativa tenga el éxito deseado y no genere, por el contrario, una justicia lenta, onerosa e insatisfactoria.
Ante ello se propone la asignación de recursos a los poderes judiciales de los estados.
MEJZ*
