Guanajuato, Guanajuato - Asociaciones que apoyan la despenalización del aborto y agrupaciones que la rechazan se reunieron en el Congreso para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.
La interrupción voluntaria del embarazo generó que ambas partes tuvieran que escuchar los argumentos de la otra y enfrentarse a pancartas y leyendas.
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Las dos iniciativas proponen ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva, así como planificación familiar, e incluyen un capítulo sobre la interrupción legal del embarazo.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, explicó que la iniciativa busca garantizar el derecho a decidir en la entidad.
Indicó que la propuesta busca que las dependencias y entidades públicas de salud realicen la interrupción del embarazo de manera gratuita y en condiciones de calidad hasta la décima segunda semana completa de gestación, cuando la mujer o persona gestante lo solicite, como en la Ciudad de México. Además, las entidades deberán ofrecer servicios de consejería médica, psicológica y social, así como información objetiva sobre los procedimientos, riesgos y consecuencias.
Derecho a decidir y consecuencias psicológicas, argumentos de las partes
Areli Vázquez Juárez de la Red de Acompañantas León mencionó que no se tiene evidencia de que el aborto cause efectos psicológicos graves, pero que sí genera temor y angustia.
Por su parte, Patricia González Lugo de Los Inocentes de María A.C., afirmó que defender la vida es un compromiso y recordó que en México la sobrevida es de 25 semanas, un derecho constitucional que deben tener los más indefensos.María Alcántara Loredo, también de la Red de Acompañantas León, relató dos casos de jóvenes que se vieron obligadas a abortar en solitario, incluso enfrentando la negativa de servicios en Guanajuato, lo que derivó en amenazas de encarcelamiento.
En esa línea, Marissa Bueno Elizararrás, de la misma organización, destacó que la penalización del aborto solo genera clandestinidad, lo que aumenta las muertes por abortos inseguros.Nayeli Tello Mendoza, de la misma asociación, explicó que en lo que va del año han asistido a 381 personas, ya que con o sin permiso, las mujeres seguirán abortando.
En tanto, Irene Fuentes Varela, de Sororas y Rebeldes SMA, mencionó que obligar a una mujer a tener un hijo no deseado genera consecuencias psicológicas tanto para la madre como para el hijo, y que se debe garantizar el servicio sin posturas dogmáticas, además de otros servicios de educación, planificación y prevención.El rol de la laicidad y el derecho a la vida
Maribel Luna Martínez, de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que se trata de un tema fundamental: el derecho a decidir sobre la vida sexual y reproductiva, además de subrayar que la laicidad es el principio que garantiza la libertad de decisión sin imponer creencias.
Por otro lado, Ithamar Pérez Mendoza, del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, expresó que la legalización del aborto no protege a las mujeres y, en algunos casos, las coloca en situaciones de violencia.
Añadió que en la entidad no hay mujeres encarceladas por practicarse un aborto y abogó por políticas públicas integrales que promuevan la vida.Luis Manuel Orozco Castellanos, de Homies en Cristo, indicó que la vida comienza desde la concepción y que, a los 19 días, se inicia el desarrollo del sistema nervioso.
Manuel Rodríguez Frausto, de Life Guards, opinó que la legalización del aborto va en contra de la formación médica, ya que existen médicos dispuestos a favorecer la muerte en lugar de la vida.Ameyali López Ramírez, de la Iglesia Senda de Vida A.R., subrayó que el bebé, aunque está dentro del útero, es un ser distinto a la madre y que legalizar el aborto atenta contra su derecho a la vida.
Agregó que cualquier procedimiento médico tiene riesgos y que legalizarlo no garantiza seguridad para la mujer.Leonardo Alvarado Zamudio, de la Fundación Choose Life, aseguró que sí existen trastornos psicológicos tras un aborto, pero no beneficios, y mencionó que hay cinco hombres encarcelados por abortar, pero ninguna mujer en la entidad.
El Congreso no está obligado a aprobar el aborto: activista
Uriel Colchado Esqueda, del Frente Nacional por la Familia GT, argumentó que el problema real no es el aborto, sino la falta de atención obstétrica oportuna, y que legalizarlo no lo hace seguro.
Añadió que el Congreso del Estado no está obligado a aprobar el aborto, ya que la jurisprudencia solo obliga a los jueces.
Nancy Beatriz de Santiago López, de AMESSE A.C. y USEM A.C., enfatizó que la dignidad humana no está en convertir a la mujer en la "asesina" de su hijo, y que ningún derecho debe imponerse eliminando otro, siendo el derecho a la vida el fundamental.
La diputada Sandra Pedroza Orozco aclaró que la iniciativa no busca despenalizar el aborto forzado, y que se defienden las maternidades deseadas.
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Señaló que el derecho a la vida es un tema ya abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el derecho a la objeción de conciencia no está reconocido en ningún marco jurídico, pero se defiende en su propuesta.
El congresista de Morena, Antonio Chaurand Sorzano, reconoció que existen dos posturas válidas y que la sociedad debe llegar a un acuerdo.
Aseguró que está a favor de la vida, pero también en contra de criminalizar a una mujer por tomar una decisión.Lee también: ¡Agua llega pronto a León! En esta fecha construirán acueducto que abastecerá a la ciudad
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