León, Guanajuato - El acoso sexual cometido por funcionarios públicos será sancionado como una falta grave luego de la aprobación de las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
El pasado 29 de septiembre, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, hizo entrega de una iniciativa para que el acoso sexual sea castigado como una sanción administrativa grave.
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Dado que el acoso sexual era considerado una falta administrativa no grave, las autoridades estatales y municipales aplicaban sanciones menores a las personas servidoras públicas acosadoras.
Durante la sesión ordinaria en el Congreso del Estado, se aprobaron por unanimidad las modificaciones de la ley para que se considere que se califique el acoso sexual, cuando, con fines sexuales o lascivos, una persona asedie, produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente, a una persona.
Incluso aplicaría aunque no exista una relación de subordinación.Sancionarán quienes se valgan de su cargo para acosar
La iniciativa aprobada también contempla que se equipare como acoso sexual las conductas que impliquen violencia sexual hacia otras personas valiéndose de su posición, cargo, comisión en el servicio público.
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También a quien permita, tolere o facilite la conducta de acoso sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe o transmita imágenes.
Además, se considerará el uso de textos, sonidos o la voz de una persona, sea servidora pública o no, sin consentimiento con propósitos eróticos o lascivos.
Acoso sexual afecta principalmente a mujeres
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Bermúdez Cano, señaló que el acoso sexual es una situación que afecta a todas las personas, pero particularmente a las mujeres.
Mencionó que esa conducta constituye una violación a los derechos humanos y representa un obstáculo para la igualdad sustantiva, dado que impacta de manera desproporcionada a las mujeres por razones de género.
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El diputado de Morena, Antonio Chaurand Sorzano, calificó la aprobación como un paso firme para prevenir, sancionar y eliminar conductas que atentan contra la dignidad de las personas y que no deben ser toleradas en las administraciones públicas.
Finalmente, el legislador comentó que el dictamen coloca al centro a quienes más han sufrido este tipo de violencia y que se les brinda una vía administrativa clara, accesible y eficaz para obtener justicia.
Con esto no se les obliga a depender exclusivamente de los largos y complejos procesos penales, al ser atendida cada denuncia con perspectiva de género, sensibilidad y profesionalismo.
MEJZ*