El semáforo rojo a partir del 28 de diciembre en Guanajuato significaría la muerte de al menos 600 establecimientos de bares y cantinas en el estado.
Además, el cierre impuesto por las autoridades desde esa fecha y hasta el 10 de enero por la presencia sostenida de casos de COVID-19, fue considerado injusto por el presidente de este gremio, Javier Quiroga López.
Esto bajo el argumento de que los bares, cantinas y centros nocturnos no son los culpables de la propagación de la pandemia como lo hacen parecer las autoridades, y más bien son ellos quienes la están pagando con estas medidas restrictivas.
“Esta situación significa la catástrofe para nosotros si no hay un apoyo al sector de manera paralela. El sector ha venido siempre sumando, participando y obedeciendo, no creo que sea correcto que se nos de la carga de que a través de los bares y cantinas se daba el incremento exponencial de los contagios”, lamentó.
A pesar del cierre, no se ofrecieron apoyos para los empresarios del sector, quienes además mantienen la preocupación de cómo pagarán los préstamos gubernamentales recibidos a inicios de la pandemia a través de Fondos Guanajuato, ya que acumulan más de ocho meses cerrados, y deben empezar a pagar en 2021.
“La verdad lo que sí está en nuestro horizonte es el cierre de establecimientos. Toda empresa que esté cerrada prácticamente un año sin ningún tipo de ingresos es muy complejo que pueda sobrevivir, es muy lamentable esta situación, buscaremos acercamientos con la autoridad para conocer alternativas”, dijo.
El líder del gremio reclamó a la autoridad el por qué si se advirtieron aglomeraciones e incumplimiento a las medidas restrictivas en algunos establecimientos, no se dieron sanciones y cierres, y caso contrario se puntualizó el cierre de los bares y cantinas que no se han podido levantar de las afectaciones de la pandemia.
*JRP