Propone el PRI en el Congreso del Estado responsabilizar a Estado y Municipios de los daños patrimoniales provocados por terceros a buscadoras y colectivos como consecuencia de sus jornadas de Búsqueda.
El diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Alejandro Arias Ávila, propuso a través de una reforma a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de Víctimas del Estado de Guanajuato, sean corresponsables cuando el daño provenga del riesgo derivado por esas tareas que corresponde a las autoridades.
El legislador priísta, Arias Ávila, señaló que estado debe asumir su responsabilidad patrimonial en los casos en que la autoridad obligada a realizar la búsqueda de personas y su localización permita en forma expresa o tácita la participación de familiares en esta actividad, y de ello deriven y se materialicen riesgos en su persona, familia, bienes o la vida.
O en los casos en el que los familiares de los desaparecidos avisen a cualquier autoridad competente en el estado que, ante su exceso, negativa, omisión de iniciar, realizar o continuar la búsqueda y localización o por considerar que su actuación es deficiente y por sus medios procedan a iniciar o continuar la búsqueda.
Expuso que la desaparición forzada se ha convertido en un fenómeno “normalizado” en Guanajuato, realizada un agente del Estado o particulares, lo cual está regulado en la ley respectiva.
“Sin embargo, para nadie es desconocido la tardanza en la apertura de la denuncia de este delito, así como en el inicio de la investigación correspondiente y en la intervención de las autoridades del Estado que tienen el deber de intervenir en forma inmediata y de proteger a los familiares del desaparecido, aun cuando sea solicitada, con mayor razón en los casos en que se solicite la protección a la autoridad competente.”
La propuesta implica que el estado y los municipios respondan a la responsabilidad patrimonial por daños causados por terceros a los familiares o colectivos de búsqueda de desaparecidos, cuando el daño proviene del riesgo generado por estas actividades irregulares del estado.
Convocó a los tres poderes y organismos autónomos asignen presupuesto para tal efecto y para que se reconozca la calidad de víctimas a los colectivos de búsqueda formalizados ante Notario Público.
El diputado recomendó Arias Ávila consideró que las autoridades estatales tener un mayor cuidado en su actuación y participación en el proceso de búsqueda de personas desparecidas, para evitar poner en riesgo a los familiares al realizar actividades que le corresponden a las autoridades.
Abundó que es pertinente incorporar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) en el apartado de órganos autónomos dentro de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para otorgarle las competencias legales sobre los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Por último, argumentó que en el caso de desaparición forzada los grupos colectivos deben tener el carácter de víctimas, por lo que planteó la necesidad de establecer una definición de víctima más extensa que otorgue mayor ámbito de protección a quienes reciben daño por el delito de desaparición forzada; así como para consolidar la posición de los grupos o colectivos de búsqueda formalizados.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
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