En sesión de la Diputación Permanente, las diputadas Yulma Rocha Aguilar, Dessire Angel Rocha y Martha Lourdes Ortega Roque presentaron una iniciativa de reforma para evitar que agresores de mujeres, sexuales y deudores alimentarios, accedan a cargos de elección popular.
La iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato tiene el objetivo de legitimar los procesos electorales y contribuir a procurar la idoneidad de los perfiles de las personas candidatas a puestos de elección popular y elevar los estándares de ética y responsabilidad del servicio público y promover una cultura libre de todo tipo de violencia.
La diputada Yulma Rocha Aguilar se refirió a la iniciativa conocida como 3 de 3 contra la violencia de género, que tiene como finalidad prevenir que los agresores de mujeres, sexuales y deudores alimentarios, accedan a cargos de elección popular, para así procurar la idoneidad de sus perfiles, elevar los estándares de ética y responsabilidad del servicio público.
Apuntó que la propuesta la realizaron porque es indispensable que quienes acceden a puestos públicos o de elección popular, además de contar con la capacidad y preparación correspondiente para desempeñarlos, también actúen en todo momento promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos.
También es importante que estos candidatos procuren siempre la eliminación de la violencia, ya que resulta evidente que las personas agresoras no están en condiciones de gobernar en beneficio de las mujeres, y que tampoco llevan un modo honesto de vivir.
Rocha mencionó que, durante el pasado proceso electoral de 2021 en Guanajuato, 6 de cada 10 candidatas padecieron violencia por ser mujeres en algún momento de su vida; el 38% de las encuestadas declararon haber sufrido violencia en la búsqueda de su candidatura; una de cada dos sufrió violencia en precampaña o campaña; el 46% sufrió violencia a través de redes sociales, entre otros.
“Resulta prioritario precisamente establecer mecanismos preventivos que, desde los requisitos de elegibilidad, eviten que las personas que posean perfil agresivo, violento o irresponsable puedan acceder a los puestos de toma de decisión públicos o a los cargos de elección popular”, enfatizó la congresista.
Agregó que es indispensable procurar que no llegue ni un agresor más al poder, sino quienes además de poseer la capacidad y preparación necesarias para ocupar los cargos, indiscutiblemente también posean las cualidades y aptitudes que otorguen a la ciudadanía la certeza de que desempeñarán sus cargos con apego a derecho.
La propuesta también considera diversas modificaciones en la redacción para continuar integrando un lenguaje incluyente y no sexista.
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