México- La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, abrió ayer una consulta para aclarar si Jueces y Magistrados pueden impugnar la reforma judicial, pero no por medio de amparos, sino de una facultad legal del propio tribunal para resolver disputas contractuales.
Se trata de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (PJF), que prevé que el Pleno de la Corte puede resolver conflictos por contratos o incumplimiento de obligaciones entre dependencias y entidades públicas con el propio tribunal o con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
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Históricamente, esta norma ha sido fundamento para que la Corte tramite, y resuelva en única instancia, demandas civiles entre proveedores y el CJF o el propio tribunal.
El artículo 11 también faculta a la Corte, de manera general, para "velar en todo momento por la autonomía de los órganos del PJF y por la independencia de sus integrantes".
"Se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del PJF para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo, como de su contenido material", de acuerdo con el acuerdo de la Ministra Piña.
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El expediente fue turnado al Ministro Juan Luis González Alcántara, para que presente al Pleno un proyecto proponiendo el trámite que debe seguir el asunto, es decir, si se puede iniciar un juicio o si la petición debe ser desechada.
Desde el 5 de septiembre, Piña inició otra consulta, que para fines prácticos ya quedó sin materia, pues buscaba aclarar si la Presidencia de la Corte podía dictar una medida cautelar para detener el proceso de reforma Constitucional, que culminó el domingo pasado con su publicación en el Diario Oficial.
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