Este lunes, el gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, anunció el arresto del quinto precandidato presidencial de la oposición, el empresario periodístico Miguel Mora, el último en medio de una ola de arrestos y persecución de varios actores de la oposición en el país centroamericano.
Debido a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el llamado del embajador mexicano en el país, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, quien será consultado sobre la situación en Nicaragua.
En su comunicado, la SRE afirma que toman esta decisión ante las medidas que “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.
La última de estas medidas fue el arresto del candidato Mora, acusado de "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, apuntaba una nota de prensa de la Policía Nacional nicaragüense.
Antes de él, los candidatos Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro también fueron arrestados, en medio de una ola de arrestos de líderes opositores que ha llevado tras las rejas a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.
Con estas acciones, se presume que Daniel Ortega pretende debilitar a la oposición de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo en cinco meses, donde buscará ganar su tercera reelección consecutiva y garantizar otros cinco años en el poder para un total de 20.
Debido a esto, tanto México como Argentina (que también llamó a su embajador) piden que se resuelva la situación "por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de Derecho y todos los derechos humanos”.
*JRP