El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría acusado a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, de recibir sobornos de narcotraficantes para beneficiarse del plan de paz con grupos armados.
El gobierno pidió ayer a la Fiscalía General de la Nación investigar la existencia de un colectivo de abogados que estaría cobrando hasta un millón de dólares a narcotraficantes y delincuentes a cambio de maniobrar a cambio de falsas intermediaciones en los procesos de paz, beneficios judiciales o promesas de evitar su extradición.
Confirmó que el único funcionario que cuenta con el aval de gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, “con el objetivo único de la búsqueda de la paz”, es el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
Esta acusación fue reiterada por Day Vásquez, ex esposa de Nicolás, diciendo que el joven diputado en el departamento de Atlántico supuestamente recibió “dineros de personas que han tenido un pasado un poco oscuro”, que estarían destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
En plena campaña presidencial, Juan Fernando acudió a una cárcel de Bogotá para reunirse con varios reclusos. Según la prensa, en este encuentro ofreció beneficios para condenados por corrupción y narcotráfico en un eventual gobierno de su hermano.
El gobierno ha anunciado un proyecto de ley que establecerá sanciones máximas de ocho años de cárcel y la posibilidad de conservar hasta 10 por ciento de sus fortunas para los narcotraficantes que se acojan a la justicia.
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