Las malas prácticas de los centros de rehabilitación clandestinos son ignoradas por las autoridades estatales y municipales.
La aparición de estos espacios disfrazados como anexos es de conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública de acuerdo a lo dicho por su titular, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones el pasado 26 de junio.
En Irapuato existe un registro de 205 anexos clandestinos que ya fueron denunciados por la agrupación Centros de Rehabilitación de Unidos del Bajío (CRUB) y la Red Estatal de Anexos, señaló el presidente del CRUB, Nicolás Pérez Ponce.
“Nosotros como Red (estatal de anexos) llevamos tres meses queriéndonos reunir con ellos, con Seguridad, con la Secretaría de Salud, pero nos dan largas. Nuestra Red cuenta con aproximadamente 60 grupos que a su vez pertenecen a la Unión Nacional, tenemos los avisos de funcionamiento en regla y apegados a la Norma 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”.
La Red Estatal se manifestó en Irapuato ante la falta de apoyos durante la presente pandemia de COVID-19 a inicios del mes de junio, luego de tres meses de ser considerados como actividades no esenciales.
Desapariciones y 34 asesinatos, en menos de un mes
Tan solo en dos de los anexos clandestinos denunciados por la Red Estatal ya se presentaron en menos de un mes, del 6 de junio al 1 de julio de 2020, un total de 34 asesinatos y más de 14 lesionados.
Pero también en otros centros de rehabilitación irregulares en esa misma localidad hubo secuestros y desaparición de personas de acuerdo a los registros que conocen tanto la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud estatal y el municipio de Irapuato.
Además hay sucesos similares en otras ciudades del estado en anexos que cumplen con los requisitos solicitados por las autoridades de los tres niveles de acuerdo a lo declarado por Nicolás Pérez Ponce.
Señaló que al menos ocho de los anexos integrados al CRUB fueron atacados en localidades como León, Irapuato, Silao y Abasolo en los últimos dos años.
Por ello insistió en que la mala imagen de los centros clandestinos repercute en aquellos que desde hace dos años han invertido recursos propios para la atención de gente que necesita recuperación de su adicción por las drogas.
“Nosotros (como Red Estatal de Anexos) no nos metemos con nadie, nosotros lo único que queremos es que nos escuchen, que escuchen a la Red Estatal y ellos determinen el trabajo que estamos haciendo”.
“En los centros de rehabilitación de nosotros, nosotros mismos los estamos revisando, estamos haciendo constantemente evaluaciones y nosotros mismos con nuestros mismos recursos haciendo que personas que pertenecen a la red se certifiquen y se profesionalicen en el tema”.
Tras los últimos atentados en anexos irregulares, sobre todo en el municipio de Irapuato, Nicolás Pérez Ponce recriminó a las autoridades que pongan en un mismo saco a todos los centros de rehabilitación, tanto a clandestinos como a los que cuentan con permisos en regla.
Reconoció que hay jóvenes que tienen problemas con las adicciones y que con tal de seguir consumiendo drogas toman decisiones equivocadas, como por ejemplo, prestar servicio a la delincuencia organizada.
“Muchos jóvenes nos han sido arrebatados por el consumo de drogas, muchos chavos se meten en broncas por consumir la droga y al día siguiente amanecen muertos”.
Por ello lo dicho en la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones por parte de Alvar Cabeza de Vaca Appendini al considera que la mayoría de los anexos, dijo, son “semilleros de delincuentes” fue considera por Pérez Ponce como una desafortunada declaración.
Sostuvo que la Red Estatal de Anexos cuenta con 16 consejeros contra las adicciones con su debida certificación, solventados con recursos propios y ese dato también es de conocimiento de la Secretaría de Salud del Estado según lo declaró.
“Nosotros no pedimos que nos paguen un salario, esto lo hacemos porque tenemos hijos, nietos y no queremos que terminen así”, finalizó.
MEJZ*