Derivado de las investigaciones del caso del jardín de niños Juan Aldama y la devolución de impuestos al Club Campestre, la Contraloría Municipal determinó presuntas responsabilidades graves en el caso de un funcionario de Tesorería y no graves en contra de otros tres más.
Durante la sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la corrupción, la titular del área, Viridiana Márquez Moreno, rindió un informe correspondiente al último bimestre del 2021, en el que se hizo referencia al caso del jardín de niños y al Club Campestre.
El año pasado se hizo público a través de una investigación periodística la venta de un terreno que formaba parte del Jardín de Niños Juan Aldama a un particular, en un proceso no convencional e irregular.
Al kínder Juan Aldama le retiraron el terreno con el propósito de ampliar la vivienda del empresario Gabriel Padilla. Posterior a que se hiciera público el hecho, este último se comprometió con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a regresarlo.En el caso del Club Campestre, luego de haber presuntamente acreditado ser un terreno de carácter agrícola, se hizo acreedor a un descuento en el impuesto predial lo que derivó en la devolución de dos millones de pesos.
El exdirector de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce, habría firmado un documento que avaló la vocación agrícola del Club Campestre.Durante la sesión de informe, la Contralora explicó que de la investigación se emitieron cuatro carpetas que revelaban presuntos actos de responsabilidad en contra de funcionarios de las direcciones de Tesorería (1), Recursos Materiales y Servicios Generales (2) y de Desarrollo Rural (1), quienes colaboraron durante la administración del exalcalde Héctor López Santillana.
Aun cuando no se mencionaron los nombres de los funcionarios, es público que los involucrados son Enrique Sosa Campos, extesorero y Rodolfo Ponce Ávila, exdirector de Desarrollo Urbano.
En entrevista por separado, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, confirmó que dos “altos funcionarios” de la administración pasada estarían como presuntos responsables. No reveló nombres.
De acuerdo a lo informado, el entonces funcionario de la Tesorería Municipal incurrió en un “acto de abuso de sus funciones al solicitar la modificación de un acuerdo” favoreciendo a un particular.
De estos cuatro informes se determinó que uno de los funcionarios habría incurrido en una falta grave, este del área de Tesorería, por lo que el expediente sería canalizado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para que determine la sanción a la que se haría acreedor de así determinarlo.
“Ellos con base a su competencia van a determinar sí efectivamente es o no de su competencia, lo admiten y ellos continúan con la substanciación”, explicó la contralora.
Para los funcionarios que habrían cometido faltas no graves, será la misma Contraloría la que defina la sanción. Estas podrían ir desde una amonestación pública o privada, la suspensión de 1 a 30 días naturales, destitución o inhabilitación de tres meses a un año. Incluso, podría darse hasta dos sanciones, dependiendo de la gravedad de la conducta observada en el caso.
El proceso para determinar las sanciones a las que se hagan acreedores o no, podría llevarse por lo menos tres meses más.
Los presuntos responsables tienen derecho a presentar pruebas y defenderse de las imputaciones que se les hace.
MEJZ*