La decisión de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de clausurar 47 centros de verificación vehicular de Guanajuato por incumplir con la certificación de la Unidad Mexicana de Certificaciones (UMA) solicitada desde el 2017, ha generado una división de opiniones de los prestadores de servicio.
Mientras los propietarios de los establecimientos que cuentan con la certificación para ofertar el servicio señalan que ya se había tardado la autoridad en hacer valer la ley, algunos representantes de los centros clausurados denunciaron que no es pareja la revisión para todos.Además, señalaron que hay poco personal que certifica y es solo una empresa proveedora a nivel federal, ubicada en Ciudad de México, por lo que cada año los propietarios de los centros de verificación deben destinar al menos 10 mil pesos para el pago de viáticos y hospedaje de los verificadores.“Hay muchos laboratorios que pueden hacer las calibraciones, pero no están acreditados ante la Federación, y eso incrementa aún más los costos por el servicio al interior de la República Mexicana”, externó Gonzalo Mancilla, representante legal de uno de los 47 centros de verificación clausurados.Asimismo, explicó que a muchos establecimientos les exigen una zona de estacionado al interior del inmueble, pero hay varios negocios que no la tienen y tienen que ocupar la vía pública para esperar su turno.“Nos gastamos alrededor de 150 mil pesos anuales para cumplir con la normatividad, además del mantenimiento del equipo”, indicó.Más que beneficio, es justiciaLa titular de la SMAOT, María Isabel Ortiz Mantilla, explicó que los verificentros clausurados no han transitado de la prueba estática a la dinámica, además de las certificaciones que otorga la Entidad Mexicana de Certificación (EMA), por lo que hoy día solo están operando 92 centros.Carlos Arturo Amaro, gerente técnico de un Centro de Verificación que está operando conforme a la ley, dijo que se tiene que cumplir con capacitaciones para el uso del equipo, además del conocimiento amplio de la Norma Oficial Mexicana (NOM) que rige este servicio y muchos de los establecimientos no contaban con la acreditación.“Era más injusto que nosotros estuviéramos pagando la acreditación desde el 2017 y que hasta ahora se les haya retenido la venta de hologramas”, explicó.Dentro de los gastos que genera el mantenimiento de este servicio destaca la compra de gases, la calibración de equipo, gases para calibrar el equipo.“Había centros que seguían trabajando aun y cuando no contaban con este servicio; hoy tendremos más trabajo, pero no porque nosotros estemos abusando de eso, sino porque se hizo el esfuerzo económico para cumplir con la normatividad”, expresó.Este centro recibe alrededor de 600 vehículos al mes, por lo que esperan que a partir del cierre de los incumplidos pueda crecer el servicio a más vehículos.Los 45 centros clausurados se ubican en Jaral del Progreso (19), Jerécuaro (1), León (2), Pénjamo (2), Pueblo Nuevo (1) y Purísima del Rincón (1).Además de Salamanca (5), San Felipe (1), San Francisco del Rincón (2), Silao (2), San José Iturbide (3), Salvatierra (29, Tarimoro (1), Uriangato (1) y Valle de Santiago (2).En tanto que los centros de verificación que no presentaron el expediente para renovación de operatividad, se ubican en Huanímaro y Salamanca.MEJZ*Divide opiniones cierre de centros de verificación
Más que beneficio, es justicia, aseguran responsables de centros que cumplen con la norma; a quienes les retiraron los hologramas aseguran que la ley no es pareja para todos
