La titular de la Contraloría municipal, Viridiana Margarita Márquez Moreno, confirmó que el proceso de investigación contra la hoy ex funcionaria Lisbeth Orozco Álvarez, quien fungía como directora de Tesorería y Finanzas de la paramunicipal, lleva un avance del 90 por ciento.
Por ello, será antes de concluir este mes cuando se conozca si hubo irregularidades en los movimientos financieros que realizó sin respaldo de un contrato, ni testigos del servicio ofertado, así como el desconocimiento del director general, Mario Méndez Manrique.
“La investigación está casi concluida, se espera que antes del cierre de mes concluir y ya iniciando el procedimiento de responsabilidad administrativa si se llevan bien los tiempos, se llevarían entre cuatro y cinco meses en lo que se lleva todo el tratamiento del procedimiento y se estaría determinando la resolución”, precisó.
Cabe mencionar que la contralora detalló que Contraloría interna pidió la revisión de cinco procedimientos (contrataciones), de las cuales dos ya fueron descartadas por no encontrar irregularidades, las otras tres permanecen en investigación.
“Son precisamente contrataciones de prestaciones de servicios; una de ellas por 371 mil 200, otra por 41 mil 238 y otra por 261 mil pesos, esas tres hubo observaciones, de las cuales las presuntas irregularidades se están analizando”, comentó.
Separación el cargo responsabilidad del ICL
Asimismo, detalló que la Contraloría municipal no influyó en la decisión de la separación del cargo de Lizbeth Orozco, quien desde el 2011 laboró en el ICL, por lo que esta decisión se tomó desde el interior de la paramunicipal.
Por lo que de ser responsable de alguna irregularidad en el proceso de contratación de prestación de servicios de los tres contratos que permanecen en revisión, podría sin problema alguno para que haga frente a su falta.
“Si en dado momento se llegara a presentar una posible responsabilidad por parte de algún ex servidor público sí podemos hacerlo llamar a que rinda su informe respecto a la irregularidad que se presume cometió”, dijo.
Viridiana Márquez detalló además que dentro de las funciones de la Contraloría municipal se tiene prevista una auditoría integral al ICL ya que la función primordial de la dependencia que lidera, es procurar y salvaguardar la hacienda pública a través del buen actuar de los servidores públicos.
“En nuestro plan de trabajo sí traemos al ICL, en los años subsecuentes podemos sí intervenir principalmente donde hay posibles afectaciones o daños, son las generalidades que tomamos para iniciar una auditoría en algún objeto en específico para supervisar de manera completa cierto procedimiento o actuación de alguna paramunicipal”, externó.
Lo que sigue
Luego de la investigación de la Contraloría municipal respecto a la denuncia de contraloría interna del ICL se hacen las determinaciones y en caso de determinarse una falta no grave, se inicia el procedimiento de responsabilidad que puede alcanzar una amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación del cargo, aunque este último ya no aplica.
Si del análisis se desprende que hubo una afectación a la hacienda pública, la irregularidad se tendría que calificar como grave, por lo que además de las sanciones antes mencionadas, se interpondría una sanción económica consistente en la reparación del daño a la hacienda pública; este tipo de asuntos los conduce el Tribunal.
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