El colegio de Abogados de Guanajuato asesorará a las cinco familias de los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que perdieron la vida en la planta de tratamiento de aguas residuales el pasado 13 de noviembre.
Jorge Marcelino Trejo Ortiz, líder de los abogados en la entidad, señaló que SAPAL debe responder a los familiares de las víctimas con un finiquito justo, no menor a los 2 millones de pesos.
El abogado leonés denunció la falta de protocolos y equipamiento por parte de la paramunicipal en el uso y manejo de químicos que provocaron la muerte de cinco trabajadores, además del riesgo en el que se encuentran otros 400 empleados que laboran en las plantas de tratamiento.
“Era un trabajo de alto riesgo por los químicos que manejan. No tienen el equipo necesario para trabajar y de manera irresponsable SAPAL manda al matadero. Es absurdo que se les estén cobrando hasta los uniformes”, indicó.
Marcelino Trejo calificó de una vergüenza el trato que están dando las autoridades del sistema de agua, quienes ni siquiera han sido atendidos por el presidente de Consejo, Jorge Ramírez.
“Los familiares se quejan de que los han estado usando, los han estado maltratando e indignamente, proponiéndoles una liquidación muy por debajo de lo que legalmente les corresponde”, dijo.
Las autoridades de SAPAL han ofrecido a los familiares de las víctimas una liquidación de 200 mil pesos, además de que los obligaron a firmar un documento en el que se comprometen a no denunciar al sistema de agua potable.
“Eso se puede revertir sin problema; primero exigiremos la liquidación conforme a la ley, el pago del seguro de vida contratado y adicionalmente demandarlos por el daño moral ocasionado”, precisó.
A pesar de que a la fecha SAPAL mantiene un cobro del 8% de saneamiento en todas las cuentas, no hay un control en el descargue de aguas de tenerías que llegan con alto contenido de químicos a las plantas de tratamiento.
Por último, lamentó que la Contraloría municipal “solo esté de adorno” y no intervenga para revisar el proceder de los responsables del SAPAL, principalmente por las vidas que continúan en riesgo de al menos 400 personas que ahí laboran.
*a
