Tras cuestionar el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, confirmó que harán frente a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) sobre el caso de abuso policial ocurrido el pasado 17 de noviembre de 2019 en La Esmeralda.
Los hechos ocurrieron luego de la riña en la que un policía municipal disparó en la cabeza al hoy fallecido.
“Ante la Fiscalía está archivado este problema, la Fiscalía y en la Secretaría Técnica de Honor y Justicia también está archivada, entonces la recomendación de los Derechos Humanos se le va a dar proceso como se ha dado a otras recomendaciones”, comentó el funcionario municipal.
Por separado, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, confirmó que el gobierno municipal acatará las recomendaciones emitidas en torno al caso.
La carpeta de investigación en la Prodheg corresponde al expediente 364/19-A-I abierta por la vía oficiosa.
“Recordemos que se están aceptando estas recomendaciones que no son actos de esta administración, sin embargo, como autoridad se aceptan”, expresó.
Desde 2018 se han tomado muchas medidas en torno a la protección de los derechos humanos, incluyendo la capacitación.
“Se ha apretado el paso en el tema de la capacitación y se está regresando a las aulas, se está haciendo lo correspondiente”, detalló.
Bravo Arrona confirmó que los elementos de seguridad siguen en activo dentro de la corporación, porque la FGE ni ninguna otra autoridad acreditó el delito.
“La investigación en la Fiscalía está archivada. Es un tema que ya no hubo pruebas fehacientes para poder judicializar y en el Secretariado Técnico de Honor y Justicia no nos informaron nada”, expresó.
Fue el pasado 31 de agosto de este año que la Prodheg acreditó que los policías dispararon sus armas contra civiles desarmados, mismo que derivó en la muerte de un civil.
La investigación reconoció la participación de 14 agentes, quienes hicieron un uso excesivo de la fuerza.
Por ello, emitió cinco recomendaciones contra la corporación, entre las que destaca la aplicación de procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes a los involucrados y cumplir con capacitación en derechos humanos y seguridad ciudadana.
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