Para los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León, la liberación de los familiares de 'El Marro' y las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en Guanajuato hay ineficiencia y corrupción, tienen un claro tinte político de cara a las elecciones del próximo año.
“Esta es una consecuencia más de una serie de decisiones y acciones del gobierno federal para con el estado de Guanajuato, donde parece que hay una obsesión por atacarlo, desprestigiarlo y ridiculizarlo incluso, de cara al proceso electoral que se avecina”, indicó José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del CCEL.
Asimismo, dijo que si bien con la liberación de los presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, las autoridades quedan por supuesto en ridículo, dicha responsabilidad está más centrada en el ámbito federal.
Sánchez Castellanos dejó claro que no están defendiendo al gobierno de Guanajuato sino al estado, por encima de cualquier instancia, ya que aseguró que está claramente identificado que el “enemigo está afuera”.
El empresariado leonés cuestionó el actuar de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes catearon domicilios sin una orden a sabiendas que la detención sería considerada ilegal y más aun cuando las autoridades estatales entregarían el documento horas después.
“No vamos a permitir que con señalamientos de arriba se pretenda perjudicar a todos los guanajuatenses”, coincidieron tanto el líder del CCEL como el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Ruenes Escoto.
Otra de las dudas que salta entre los empresarios es por qué si había 26 detenidos -relacionados con delitos del fuero federal- la Federación no ejerció su responsabilidad en el ámbito de su competencia para dar continuidad a la detención realizada por la Sedena y dejó todo en manos del estado.
Sánchez Castellanos confió en la propuesta del primer mandatario de la República, quien se comprometió a realizar una investigación a fondo.
"No somos quién para pedir la remoción de Zamarripa"
En una declaración contundente, el representante del empresariado leonés, dijo que los procesos de selección para el nombramiento del fiscal general del Estado están perfectamente definidos en la ley, por lo que no corresponde al sector empresarial pedir remoción el mismo.
“Nosotros no somos quién para pedir o no pedir eso, lo que sí creo que es muy importante es que si se hace una investigación seria, objetiva y parcial, saldrán a relucir los responsables”, indicó.
Por ello, dijo que si en esa investigación el titular de la FGE resultara corresponsable, pues sería necesario su separación del cargo, tras reiterar que la Fiscalía estatal no tuvo responsabilidad mayor porque solo fu coadyuvante.
