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Buscan sancionar omisiones de funcionarios

Además, el legislador Armando Rangel planteó la necesidad de analizar la efectividad de las reformas en la aplicación de la tarea de gubernamental
Buscan sancionar omisiones de funcionarios

Urge analizar cómo sancionar a funcionarios, alcaldes y regidores que son omisos en sus obligaciones, dadas las continuas reformas a la Ley Orgánica Municipal que les dota de facultades, reconoció el diputado panista Armando Rangel Hernández.

La legislación en torno a las funciones y atribuciones de los municipios en Guanajuato son permanentes con el propósito de otorgar las facultades para facilitar su desarrollo y trabajo diario. Sin embargo, lo que sigue debe encaminarse a “la perfección de la norma, dirigida al establecimiento de las responsabilidades por lo que se hace” o deja de hacer.

El legislador Armando Rangel planteó la necesidad de darle seguimiento, analizar la efectividad de las reformas en la aplicación de la tarea de gubernamental y el cumplimiento de parte de los funcionarios.

“Urge ver (…) qué tanto ha funcionado todo esto, yo creo que hay muchas áreas de mejora porque no hay una consecuencia cuando no haces las cosas como miembros del Ayuntamiento o trabajador de un gobierno municipal”.

De manera inmediata ejemplificó que se debe dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido con la creación del Fondo especial de seguridad pública para resarcir a los municipios la reducción presupuestal desde el gobierno federal.

El seguimiento a la aplicación de esta iniciativa promovida por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) se suma la de la creación de Consejos de Seguridad Municipales. Esta figura, explicó, que debe estar integrada por ciudadanos prominentes de la comunidad e impulsará una estrategia acorde a lo que demanda la sociedad.

La omisión, desatención o decisiones fuera de lo establecido provoca un daño que no debe quedar impune.

A decir del diputado se cree que la labor más importante es presentar iniciativas y propuestas legislativas, una tras otra, lo que genera un problema al desatender otras funciones.

“Por ejemplo la función de vigilancia que tiene el Congreso, creo que el tema de cuenta pública, el tema de auditorías al Gobierno del Estado y a los municipios en el tema de revisar cómo funcionan, hay pendiente”.

Y es que se hacen leyes y no instrumentos que les permitan calificar a los gobiernos, que sí es una parte “importante de la labor legislativa”.

Si bien se cuenta con un área en el Congreso del estado para conocer el impacto de las leyes, se sinceró, los legisladores están más ocupados en la presentación de iniciativas y propuestas legislativas.

LEYES VIGENTES

Entre las leyes y reformas impulsadas por la fracción del blanqiuazul son en material electoral que se acordaron por unanimidad y fueron de aplicación inmediata; mismas que derivaron de la experiencia y opinión de actores políticos, instituciones organizadoras y participantes de los procesos electorales.

La prueba de fuego, explicó, fue el pasado proceso electoral del que no surgieron inconformidades por la aplicación de la nueva normatividad, que calificó incluso de  “buen producto”.

Se avanzó en el tema de paridad de género: “es importante seguir avanzando en asegurar a la mujer la presencia igualitaria en un proceso electoral, en sancionar también aquellos agravios que como mujer recibe de sus contendientes o de otros actores políticos, para evitar que se siga conservando esa cultura en contra de la mujer”.

Un aspecto más legislado y que fue de aplicación directa en el pasado proceso electoral fue el relativo a la participación de las comunidades indígenas guanajuatenses en la integración de los Ayuntamientos.

Reconstrucción de la educación de cara a la nueva realidad

En materia educativa se trabajó en homologar la ley estatal con la federal.

"Se generó una nueva Ley Educativa con más de 80, 100 artículos nuevos que no se consideraban e independiente de lo que se tenía que ajustar, fue un instrumento aprobado por unanimidad que nos dejó satisfechos a todos los grupos parlamentarios".

Una tarea pendiente y que deberá partir de un diagnóstico de lo acontecido en el último año y medio en el sector educativo es la adaptación de la legislación y normatividad a las necesidades surgidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

https://www.youtube.com/watch?v=GOT2dXs4XNE

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