Por: Gamaliel Reyes
La voz del otro lado del teléfono deja una estela de indignación. En la mente de Norma Patricia Sánchez Barrón, permanece el recuerdo del día en que la búsqueda de su hijo y su esposo, le bastó para ser llamada ‘huachicolera’.
Ocurrió el 10 de junio de 2020, en el área de comida rápida de un centro comercial de Irapuato, Guanajuato. Cuando la citaron en ese lugar, le dijeron que le brindarían información respecto del paradero de sus familiares. Eran dos agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado.
“Cuando yo estuve dando los pagos de los rescates, lo que más me afectó emocionalmente fue cuando los ministeriales me citaron en un centro comercial. Me sentaron y me dijeron ‘déjese de mamadas’ sabemos que usted es huachicolera... Me quedé pensando, tenía yo miedo”, narró.
La llamada con la señora Sánchez Barrón fue concertada a propósito de la conferencia de prensa matutina del 14 de enero de 2021, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien emitió un mensaje que, a decir de la propia Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, exhibe la criminalización institucional.
“Los jóvenes se fueron desarrollando, se fueron creando sin tutela, los que pierden la vida en los enfrentamientos la mayoría son jóvenes... Están encontrando fosas y todo indica que son jóvenes los que están ahí, en el caso de Guanajuato”, dijo López Obrador.
“Tu esposo era narcomenudista y tu hijo se drogaba”
La señal telefónica provoca que la voz de Norma se entrecorte. Aun así, es audible el resto de la historia, espejo del trato por parte de la autoridad, que algunas víctimas y sus familiares, aseguran recibir desde el momento en que recurren a las instituciones que imparten la justicia.
“Y luego dijeron que no fuera pendeja, que mi esposo se dedicaba a vender droga y yo les dije que mi esposo era honesto que nosotros vivimos de nuestro trabajo... Y me dijeron que cuánto dinero tenía y yo les dije que no tenía dinero y me puse a llorar”.
Cuando se refiere a las palabras del presidente de México, habla del fomento al rechazo social, que no le resulta nuevo en más de un año y medio en que se dice blanco de prejuicios y señalamientos infundados que pegan en lo psíquico y lo emocional.
“Me paran a veces unos compañeros y me dicen: ‘oye, ¿en qué andaba tu hijo? Me mandan a veces por Facebook: ‘Eso le pasa por andar de drogadicto’. Mi hijo no era drogadicto, ni tampoco mi pareja. Lo hacen a uno sentir muy mal, cuando no saben lo que es perder a un hijo y a un esposo”.
19 meses de incertidumbre
La búsqueda de personas desaparecidas es un camino con bifurcaciones burocráticas, baches jurídicos, topes de incertidumbre y callejones de criminalización. Norma Sánchez Barrón, comenzó a caminarlo en la madrugada del primero de junio del año 2019. Su hijo Kevin de 17 años y Juan, su esposo, de 35 años fueron levantados por un grupo armado.
Una de tantas posibilidades falsas de recuperarlos sucedió diez días después. El once de junio, los secuestradores se comunicaron con Norma para solicitarle un millón de pesos para cubrir el rescate de sus seres amados. Ella no titubeó en endeudarse, vender su patrimonio y cubrir esa cantidad. La estafaron.
A estas alturas del trayecto, ya participó como parte de las brigadas de exploración en al menos tres predios con fosas clandestinas, en donde los restos humanos encontrados se cuentan por centenas y muchas veces en pedazos. Hasta ahora no se sabe si alguno de ellos corresponde a Kevin y a Juan. Permanece la esperanza de encontrarlos con vida.
“A pesar de mi dolor yo les contesté a los policías que yo no tenía nada que esconder, que me investigaran y que, si encontraban algo mío que me metieran a la cárcel pero que ellos tenían la obligación de seguir buscando a mi hijo. Fue una situación desagradable porque no nos hablan con palabras bonitas. Nos tratan como verdaderos criminales”, termina el relato y se despide, antes de colgar la llamada.
