La reforma a la Ley General de Comunicación Social, propuesta por el Gobierno Federal, vulneraría la autonomía de los congresos locales, excediendo las facultades de los legisladores federales.
Bajo ese argumento, la mayoría del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó interponer una controversia constitucional en contra de este cambio.
"Violenta la base de la división de poderes al permitir que se invadan incluso las facultades que tiene el legislativo guanajuatense con la publicación de este decreto del Poder Ejecutivo Federal", comentó el diputado panista, Armando Rangel.La reforma publicada el 27 de diciembre de 2022, considera que los gobiernos estatales limiten su gasto en comunicación al 0.1% del presupuesto de egresos anual.Ernesto Prieto Gallardo dijo que "esto, concretamente, es el cumplimiento de la obligación constitucional de establecer límites a los gastos de comunicación social".La propuesta fue votada de obvia y urgente resolución, debido a que la Constitución Mexicana establece un plazo de 30 días hábiles, a partir de su entrada en vigor, para interponer una controversia de esta naturaleza."En el caso de referencia estimamos que es menester acudir a plantear, la controversia a fin de solicitar la intervención de la SCJN para que dilucide si la ley general antes referida, invade las competencias de nuestra entidad federal”, Alejandro Arias Ávila.Algunos de los diputados que votaron a favor del dictamen coincidieron en que esto también es un golpe al federalismo, además de que limitaría la posibilidad de difusión de logros, programas y estrategias.MEJZ*
