A deudores alimentarios, agresores de mujeres, miembros de su familia o por violencia en razón de género o política se les suspenderán sus derechos electorales y tampoco podrán trabajar en cargos gubernamentales de decisión u otros empleos.
A través de una propuesta de reforma presentada por diputados del PRI, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano y el PAN, se busca la armonización de las leyes locales en torno a la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
La iniciativa suscrita por los legisladores de Acción Nacional (PAN) Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá, Briseida Magdaleno González y Rolando Alcántar Rojas; de Morena, Alma Alcaraz Hernández; del PRI,Yulma Rocha Aguilar; Gerardo Fernández González y Martha Lourdes Ortega Roque del Verde Ecologistas, así como de MC, Dessire Ángel Rocha, complementaría lo aprobado en la minuta de decreto enviada por el Senado de la República.
La semana pasada se aprobó la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor conocida como 3 de 3.
Al presentarla en tribuna, la diputada del blanquiazul, Briseida Magdaleno González, destacó que está surgió del consenso de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso del Estado.
Añadió que la propuesta consiste en establecer mecanismos preventivos, como requisitos de elegibilidad, para procurar que quienes posean perfil agresivo, violento o irresponsable no accedan a los puestos de decisión públicos ni a los cargos de elección popular, comisiones o empleos.
“Esta iniciativa basa su estructura dejando de lado la punitividad y vulneración de derechos, ya que sólo limita el acceso a los cargos públicos a quien esté sancionado con sentencia firme, es decir, al momento de pretender participar como candidata o candidato a ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres. El mensaje es directo y simple: cero tolerancia a la violencia de género y privilegiamos el interés superior de la niñez”.
Con la propuesta se adicionan como causales por las que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, suman el tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas.
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