León, Guanajuato - Mamás y activistas adheridas a la Ley Sabina se manifestaron en Guanajuato para exigir al Poder Judicial mayor consideración hacia la protección de sus hijos en los procesos de separación debido a los casos de papás que son deudores alimentarios.
Con fotografías documentando su lucha, denunciaron que los niños y niñas son los más afectados, mientras los padres evaden fácilmente su responsabilidad económica.Te puede interesar: ¡Atención Trabajador! Este 1 de mayo se paga triple, no con días libres
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Deudores alimentarios: La doble victimización de Alejandra
La señora Alejandra compartió su dolorosa experiencia, criticando que, además de sufrir violencia económica, termina siendo víctima de la inacción del propio Poder Judicial. Relató cómo su exesposo evade sistemáticamente el pago de la pensión alimenticia sin recibir sanción alguna.
Vengo para exigir que hagan justicia, mi hija tiene 17 años y tiene poco de recibir pensión alimenticia y en junio pasado el deudor alimentario de mi hija decidió salirse de trabajar y su pareja me escribe en redes sociales para decirme que no él no tiene dinero, no trabaja, no tiene casas ni carros, el cual teníamos un carro y decidió cambiarlo a nombre de sus familiares para evitar que se tomara en cuenta en la pensión”.
La 'Ley Sabina', un marco legal en construcción
La 'Ley Sabina' representa una reforma legislativa crucial en México, destinada a sancionar a los deudores alimentarios y garantizar los derechos de los menores.
Impulsada por Diana Luz Vázquez Ruíz, en honor a su hija Sabina, esta ley ha sido aprobada en diversas entidades federativas, incluyendo Oaxaca, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato y la Ciudad de México.
Alejandra lamentó el retraso significativo de la Ley Sabina en Guanajuato, lo que las obliga a manifestarse para exigir modificaciones legislativas al Congreso.
Actualmente la ley nada más habla de Ley Sabina sobre un registro de deudores alimentarios, sí hay un registro a nivel estatal, pero el único requisito es que un juez lo ingrese, sin embargo no hay penalización por estar dentro del registro de deudores como sí lo está en otros estados”.
Diana Luz Vázquez Ruíz
Injusticia económica y procesal, un costo elevado para las madres
La denunciante también señaló la inequidad en la impartición de justicia, donde los juicios costosos, alcanzando hasta 30 mil pesos en honorarios de abogados, representan una carga económica considerable para las madres.
“Además, la repartición de justicia no está siendo equitativa puesto que los juicios son caros y tenemos que pedir prestado para pagar hasta 30 mil pesos para los abogados y en mi caso el deudor alimentario de mi hija lo paga y si está pagando pues es señal de que tiene para pagar al licenciado pero no para dar la pensión”, criticó.
Guanajuato en el primer lugar de deudores
Según datos de la Fiscalía General del Estado, Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de deudores alimentarios, representando uno de cada diez casos. A pesar de la existencia de la Ley Sabina, su cumplimiento es precario.
“Muchas mujeres nos escriben y nos dicen que no tienen dinero, van a la calle Juárez al Registro Civil para que las apoyen, pero es como si no fueran a ningún lado, debido a que en ese lugar no tienen el compromiso de ayudar, entonces la justicia no está siendo para todas, solo para quien puede pagarla y no es justo porque los afectados son nuestras infancias y adolescencias”, sostuvo Alejandra.
Estrategias de Evasión, un común denominador de impunidad
La activista expuso las tácticas recurrentes de los padres para eludir sus responsabilidades, como renunciar a sus empleos o ser encubiertos por sus propios abogados, quienes incluso les aconsejan declararse insolventes.
“Explicó que se está volviendo un común denominador el que los hombres que buscan desentenderse, se salen del trabajo o bien, son encubiertos por sus mismas abogadas quienes les recomiendan decir que no trabajan, o que se salgan del trabajo e incluso los patrones se prestan a que les pongan que ganan menos en el salario”.
También denunció la complicidad de algunos patrones y las dificultades para notificar a los deudores.
“Los patrones están ayudando a encubrir estas malas prácticas que deberían ser catalogadas como un delito la violencia alimentaria porque además las familias al llegar a notificar, no lo reciben al decir que ahí no viven o que no se sabe de la persona implicada, a pesar de que viven en el lugar, y mientras no se puede avanzar”.
Obstáculos a la justicia
La falta de penalización para familiares que mienten y dilatan los procesos permite a los deudores transferir sus bienes y declararse insolventes, perpetuando la injusticia.
“Aquí nos sentimos sin acceso a la justicia porque no hay penalización ante familiares que mienten, haciendo tiempo para que el deudor alimentario cambie de nombre propiedades, carros casas y declararse insolventes”, especificó.
En este punto, señaló la posible comisión de fraude procesal. “En esta parte, dijo que podría ingresar un fraude procesal porque al final están haciendo un cambio para evitar ayudar o darle el dinero a sus hijos, que finalmente es una violencia para los hijos”.
Urgencia de reformas
Finalmente, Alejandra urgió modificaciones a la ley, advirtiendo que las estrategias de evasión obligan a las madres a trabajar más, generando descuido infantil y descomposición social.
Urge modificaciones en la ley porque la tendencia que los deudores alimentarios realizan para evadir sus responsabilidades, provocan que la madre que regularmente es la que se encarga del cuidado de los hijos e hijas, tengan que salir a trabajar por más tiempo para poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos y sea una cadena que al final impacta en el descuido y la descomposición social”.
Alejandra
Subrayó el vínculo con la inseguridad en el estado.
“Guanajuato es uno de los estados con un mayor problema de homicidios, feminicidios y más porque la mamá autónoma tiene que salir a trabajar y entonces quién cuida de los hijos, por eso es la agresión y peor aún si los hijos tienen necesidades especiales como es mi caso, necesitan aún mayor atención”.
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Finalmente, abogó por reconocer el cuidado de los hijos como una contribución económica en los procesos legales.
“Y otra de las peticiones a la ley será, que el cuidado de los hijos sea tomado como un porcentaje de lo que nosotras damos porque un 50-50 es ilógico e injusto cuando el deudor no los cuida, nosotras somos las que nos encargamos de cuidarlos, entonces el cuidado debe de contar y mucho”, concluyó.Da click aquí y suscríbete a nuestro canal de Whatsapp e infórmate de todo lo que necesitas saber
MEJZ*
