Las manifestaciones encabezadas por internos y representantes de anexos continuarán en el estado de Guanajuato.
En la presente semana, los integrantes de la Asociación Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío se han manifestado en Irapuato y León, municipios en donde lograron acuerdos para obtener su regularización en el ámbito municipal.
Celaya, Romita, Salamanca, Silao, Cuerámaro, San Felipe y Ocampo, serían los siguientes puntos para manifestarse.
“Vamos a seguir manifestándonos en otros municipios hasta que nos empiecen a otorgar el Uso de Suelo, porque nosotros estamos cumpliendo con los requisitos que ellos nos piden para los trámites, vamos a ir a Silao, a Romita y así vamos a ir”, declaró Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Asociación Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.
Los responsables y representantes de anexos señalaron que la lista de requisitos es basta y que van desde planos topográficos del espacio físico, hasta las escrituras del inmueble, documento que en algunas ocasiones es negado por los propietarios.
“Nosotros llegamos a la conclusión de que no nos querían dar los permisos, lamentablemente tuvimos que llegar a esto de manifestarnos para meter presión, tanto en Irapuato como en León, la pregunta de nosotros era que si ya estábamos cumpliendo y hasta el momento no nos explicamos por qué la negativa y hasta ahorita se comienzan a echar la bolita”, destacó el presidente de la Asociación Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.
Después de las manifestaciones en Irapuato y León, Nicolás Pérez Ponce se dijo satisfecho con los avances y lamentó que hace tres meses funcionarios estatales calificaran a los anexos como ‘semilleros de la delincuencia’.
“Tenemos tres años tratando de que los gobiernos entiendan cómo trabajamos y con los estatutos de la red, y lamentamos que a todos se nos haya discriminado, cuando en Irapuato, el señor (Álvar) Cabeza de Vaca dijo que estos lugares eran semillero de la delincuencia, lamentablemente no dijo que uno, dijo que todos”, agregó el representante de los anexos.
Hace tres meses un comando armado ingresó a un anexo de Irapuato y perpetró una masacre, a raíz de este multihomicidio, las autoridades estatales y municipales iniciaron recorridos de inspección para levantar procesos administrativos en contra de los establecimientos sin licencia ni permisos.
La red de Asociación Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío trabaja con siete mil usuarios cuya desintoxicación física es de tres meses, no obstante, la rehabilitación total puede ir más allá de los 15 años.
En el estado de Guanajuato hay más de 800 centros de rehabilitación pero la mayoría opera en la clandestinidad.
MEJZ*